El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel, María José Villafranca, junto con la diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, han presentado el convenio de colaboración firmado por ambas entidades con el que se pretende facilitar a los usuarios y usuarias el seguimiento correcto del tratamiento médico prescrito para enfermedades crónicas.
El convenio para el desarrollo de este servicio profesional farmacéutico asistencial de mejora de adherencia terapéutica está destinado a pacientes usuarios del Servicio de Teleasistencia del ámbito rural, en municipios menores de 500 habitantes, y con una farmacia adscrita al proyecto.
Se trata de un sistema personalizado de dispensación de medicamentos (SPD) por el que los usuarios reciben un blíster con la medicación que tienen prescrita y pautada por su médico para un tiempo determinado, organizada de tal forma que facilita la organización de las tomas y el cumplimiento de las dosis, logrando un uso de la medicación más seguro y eficiente. Se contribuye así a prevenir y resolver problemas relacionados con la medicación, como olvidos y confusiones, y a mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico.
La Diputación financia esta actuación con 50.000 euros en este año 2023, atendiendo al coste del seguimiento farmacoterapéutico y el sistema personalizado de dosificación, que supone un importe máximo por paciente y mes de 20€, por lo que se garantiza la gratuidad para los usuarios. Las farmacias deberán justificar estos gastos hasta el 30 de noviembre de este año, fecha en que termina la actuación. Desde la Diputación afirman que tienen intención de dar continuidad a esta propuesta en próximos ejercicios.
Las oficinas de farmacia son las encargadas de planificar el proceso y de reacondicionar los medicamentos en el dispositivo, lo que garantiza la máxima calidad, garantía y seguridad. Los blísteres están etiquetados con información personalizada para el paciente, lo que permite asegurar su correcta utilización.
Como señala María José Villafranca, la presidenta del Colegio, “de este modo los pacientes son más autónomos en sus casas y los farmacéuticos mantenemos un contacto directo al menos una vez a la semana con ellos que nos permite comprobar cómo realizan el seguimiento de su medicación”.
En la actualidad, la provincia cuenta con 42 farmacias en localidades de menos de 500 habitantes, además de 210 botiquines. Hasta ahora, las farmacias que han suscrito el convenio son 60 y podrán unirse más si así lo estiman. Con el presupuesto asignado se podrá prestar a 208 personas al año.
Para ser usuario del servicio, deben ser pacientes polimedicados, con posologías complejas o con tratamientos cuyo incumplimiento puede dar lugar a una urgencia médica. Además, debe haberse contrastado la incapacidad del paciente para cumplir con el tratamiento prescrito o tener problemas de organización de los medicamentos, y se dará de alta por indicación del médico.
También pueden solicitarlo aquellos pacientes incluidos en programas específicos concertados con las administraciones sanitarias y los residentes de centros sociosanitarios. El procedimiento es aplicable a toda la medicación que pueda permanecer estable durante el periodo de validez del blíster.
Desde la Diputación de Teruel, Joaquín Juste ha destacado el apoyo de la institución a las farmacias rurales de los pueblos más pequeños y “lo importante que es tener servicios que nos permitan poder seguir viviendo en casa, no podemos permitirnos el lujo de perder población”. Dadas las características que presenta esta provincia, con un elevado índice de envejecimiento y de despoblación y la dificultad de sostenibilidad de las farmacias rurales, la medida es interesante especialmente para los municipios menos poblados, dado que puede contribuir al mantenimiento de la población o como aliciente para la llegada de nuevos vecinos, y al mismo tiempo supone un apoyo a la viabilidad de las farmacias de las poblaciones rurales.
“En nuestra provincia existen 23 farmacias con viabilidad comprometida a las que tenemos que apoyar, por el servicio que realizan para el pueblo, más servicio que negocio, y la gran labor social que desempeñan”, ha afirmado.
La diputada delegada de Bienestar Social, Beatriz Redón, ha explicado que la semana pasada se llevó a cabo una reunión con trabajadoras sociales de las comarcas turolenses para dar a conocer este convenio y que sean ellas mismas quienes puedan asesorar a los posibles usuarios del servicio. “Se trata de apoyar el desarrollo de actividades de carácter social y asistencial, un ámbito donde ellas realizan una función indispensable y son nuestro nexo de unión con los usuarios”, según Redón.
Nicolas Gonzalez Casares: