Pedro Sánchez ya tiene, de manera oficial, el asentimiento de ERC para posibilitar su investidura de Gobierno en esta legislatura. Este acuerdo, además de avanzar en el reconocimiento de las reivindicaciones nacionalistas para ceder su apoyo parlamentario al líder socialista añade en su anexo una serie de reformas que atañen prácticamente a todos los ámbitos de la vida social y económica de Cataluña. Entre ellos, y dentro del ámbito sanitario, el ‘precio’ puesto por los nacionalistas a los socialistas para garantizar su Gobierno, pasan por ceder la “competencia en exclusiva” de las investigación en Cataluña.
El acuerdo, firmado este jueves por los líderes de los dos equipos negociadores, el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, hace una interpretación muy amplia del acuerdo 158.1 del Estatuto de Autonomía catalán, para demandar “el pleno desarrollo de la competencia en materia de investigación científica y técnica, en los términos recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Administración General del Estado consignará en los PGE y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150 millones de euros”.
También se incluye el traspaso de competencias en materia penal, incluida la sanidad penitenciaria, que se enmarcará dentro de nuevo “sistema penal catalán”, así el coste efectivo del traspaso en materia de becas y ayudas al estudio de la administración general del Estado, “lo que supondría un coste total en el entorno de los 2 millones de euros”.
Autonomía financiera
En el acuerdo además, PSOE y ERC, hacen un “reconocimiento mutuo” en relación a la infrafinanciación de los servicios de esta comunidad autónoma y acuerdan una serie de “puntos esenciales” para afrontar la mejora de esta.
En primero de ellos el reconocimiento de que Cataluña “sufrido un problema de infraejecución de inversiones en materia de infraestructuras que ha comportado que en términos de inversión real se encuentre por debajo del lugar que le correspondería en relación a sus necesidades reales”.
Por ello plantean constituir, durante el primer trimestre de 2024, una comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya, sobre la base de los puntos identificados en el diagnóstico común.
De cara al futuro, ambos partidos aseguran que “una vez consolidada la desjudicialización a través de la ley de amnistía, pasará a una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas en esta materia, que debe avanzar a un ritmo constante y satisfactorio para ambas partes, incluyendo reuniones periódicas para abordar todas las propuestas y trabajar sobre mecanismos que posibiliten su viabilidad”.
Nicolas Gonzalez Casares: