El Ministerio de Sanidad ha presentada a audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud, a través del cual, el país intentará dotarse de “un marco ral y operativo” para anticiparse y coordinarse ante emergencias sanitarias de alto impacto.
La norma nace, según indica la motivación expuesta por el Ministerio, como fruto de las lecciones aprendidas tras la pandemia de covid y con el objetivo de evitar que España vuelva a ser cogida por sorpresa ante una nueva amenaza ante la salud. Para ello, la norma expuesta por el Ministerio, que podrá recibir aportaciones hasta el 6 de octubre, pivota sobre cuatro ejes: coordinación, anticipar riesgos, garantizar reservas estratégicas y disponer de un marco legal ágil y operativo.
En ese sentido el Plan trata de dar respuesta a seis elementos: dotación de una estructura organizativa; detección y evaluación de riesgos; establecimiento de unos niveles de riesgo previamente determinados; determinación del concepto de Declaración de emergencia de salud pública de importancia nacional (ESPIN); determinación de la capacidad del sistema y necesidades y finalmente; evaluación de la respuesta.
El tipo de amenazas a las que se dirige la norma son amenazas de origen biológico que incluyen enfermedades transmisibles, incluyendo las de origen zoonótico; resistencias antimicrobianas e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. También aborda las biotoxinas y otros agentes biológicos no relacionados con enfermedades transmisibles. Por otro lado aborda también las amenazas de origen químico; las amenazas de origen ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con el cambio climático; las amenazas de origen nuclear y radiológico; las amenazas de origen desconocido y finalmente, cualquier otra situación que pueda suponer una crisis con gran impacto en el sistema asistencial donde las capacidades sanitarias se vean sobrepasadas.
La nueva norma establece una estructura de mando que incluye a los órganos del Gobierno y propone un “sistema de comunicación” que supere los actuales vacíos legales. En concreto, la norma crea la Comisión estatal de coordinación (CECO), donde se dan cita todas las instituciones del Estado, y que será presidida por la ministra de Sanidad. Las CC.AA. podrán participar, pero sin voto. La coordinación territorial se articulará a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
El proyecto valora como clave la colaboración interterritorial especialmente en el ámbito de la comunicación de datos en tiempo real. Igualmente, otro elemento clave es la reserva estratégica de medicamentos y productos sanitarios con un objetivo claro: lograr que España “disponga de autonomía estratégica”, reduciendo la dependencia de mercados externos especialmente en momentos de alta demanda.
Igualmente, la norma quiere servir para agilizar los procedimientos de aprobación de compras urgentes, la movilización de personal y la habilitación de recursos sanitarios de emergencia y aporta la capacidad jurídica para que las administraciones puedan actuar con celeridad, minimizando la burocracia en momentos de crisis.
La norma también incluye la cooperación internacional, a través de la coordinación de organismos internacionales y la creación de equipos de respuesta rápida en epidemiología y microbiología para ser desplegados ante un momento de necesidad.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: