El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aceptó hoy la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud, tras la conmoción generada por fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. El anuncio se hizo público en una comparecencia oficial, en la que Moreno justificó la decisión como necesaria para afrontar una “reforma profunda” del sistema sanitario.
La crisis tiene su eje en que hasta 2.000 mujeres en Andalucía podrían no haber sido notificadas de que sus mamografías resultaron “no concluyentes”, lo que obligaba a pruebas complementarias o seguimientos que en muchos casos se retardaron meses o años.
Moreno defendió que Hernández “gestionó con sus errores y aciertos, pero con una honestidad y entrega fuera de cualquier duda” y destacó la importancia del programa de cribado, que atiende cada año a medio millón de mujeres y diagnostica unos 2.000 casos. De cara al futuro, el presidente anunció un plan de choque para resolver las incidencias antes del 30 de noviembre, dotado con 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales sanitarios, en especial radiólogos. Además, el nuevo protocolo ordena que las pacientes con resultados dudosos sean informadas inmediatamente por vía telefónica.
Protestas y presión social
La reversión política no se produjo sin presión ciudadana. Durante las horas previas al desenlace, miles de personas se manifestaron frente a sedes del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla y Granada bajo el lema “Nuestra vida no puede esperar”, acompañadas por sindicatos y asociaciones de pacientes. Colectivos como Amama (Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama) consideran la dimisión insuficiente y anuncian querellas o demandas colectivas por omisiones e imprudencia.
Mientras tanto, el PP ha intentado responsabilizar a María Jesús Montero, actual vicepresidenta del Gobierno y ex consejera de Sanidad y de Hacienda en Andalucía, por decisiones sanitarias previas, acusándola de eliminar la obligación de informar resultados dudosos cuando ocupó la consejería en Andalucía hace más de una década. Montero respondió que hace ya 13 años dejó ese cargo. La polémica ha escalado también al Congreso, donde partidos piden comisiones de investigación.
Responsabilidades y reforma estructural
Moreno ha afirmado que, tras la dimisión, se procederá a auditar todo el sistema de cribado y a modificar los protocolos “en lo que haga falta auditar y cambiar”. También sostuvo que el fallo es localizable a un área concreta del hospital sevillano, con intención de no generalizar el problema a toda la comunidad.
No obstante, expertos y sindicatos critican que la solución planeada no aborda la insuficiencia estructural: Andalucía es la comunidad con menor densidad de radiólogos por habitante del país, lo que limita su capacidad de reacción ante un volumen elevado de pruebas. Para algunas voces, la crisis de los cribados no es un caso aislado, sino un síntoma del deterioro progresivo de la sanidad pública andaluza.
En los próximos días, la Junta deberá nombrar una nueva persona al frente de la Consejería de Salud, con el encargo de restablecer confianza, responsabilizar a quienes correspondan y garantizar que errores como los denunciados no se repitan.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: