En vísperas de que la Comisión Europea publique su esperado estudio sobre los costes de la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, las tres principales asociaciones que representan a los fabricantes de medicamentos han lanzado un posicionamiento conjunto para avisar al Ejecutivo europeo que el citado estudio demuestra que “no se han aprendido las lecciones y que se repetirán los mismos errores”.
Aesgp, Efpia y Medicamentos para Europa, han lanzado un posicionamiento común sobre ese nuevo estudio, sobre el que “no han sido consultadas”, aunque su objetivo es evaluar el impacto en los sectores afectados. “Esta incomprensible omisión aumenta nuestra profunda preocupación por el enfoque de la Comisión, que ignora los reiterados llamamientos y recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea para garantizar una evaluación exhaustiva y transparente, no solo un estudio actualizado”, indican.
Las preocupaciones del sector son ya conocidas: Un estudio limitado a la actualización de costes, corrigiendo las tasas de inflación, no constituye una evaluación sectorial adecuada. Además, no serviría para evaluar las consecuencias más amplias para los sectores afectados y sus productos y por último,critican que el estudio parece ser realizado por el mismo organismo que realizó la evaluación original, que fue defectuosa, “lo que cuestiona su independencia”, matizan.
En su valoración, indican que la Directiva, adoptada en 2024, “se basó en errores considerables en la asignación de la carga tóxica y en subestimaciones de los costes de implementación”. Esto ha dado lugar a que se “señalen injustamente solo dos sectores y a que las empresas implicadas afronten costes significativamente superiores a los previstos inicialmente, lo que afecta tanto a la competitividad como a la sostenibilidad de estos sectores”.
La disconformidad con la Directiva de Aguas Urbanas no solamente afecta al sector productivo, sino que también algunos de los Estados miembros, los económicamente más fuertes, salvo España, también han expresado públicamente su preocupación. Francia y Alemania han solicitado la revisión de la directiva, Italia ha solicitado una pausa en su implementación, mientras que Polonia ha interpuesto acciones legales contra la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por ello, desde la farmacia se pide “pausar la implementación del sistema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP); se consulte a las industrias afectadas de manera transparente y se realicen evaluaciones de impacto adecuadas sobre la carga tóxica y los costos de implementación”.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: