Luz verde a la Ley de Farmacia de Castilla-La Mancha pese a las críticas de la oposición

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la modificación de la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico con los votos favorables del PSOE, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. La reforma salió adelante tras el rechazo de las 41 enmiendas parciales que mantuvieron vivas los grupos de la oposición, doce de ellas de Vox y 29 del Partido Popular.

Durante la defensa del proyecto de ley, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, subrayó que el objetivo primordial de la reforma es "mejorar la asistencia farmacéutica y garantizar el acceso a los medicamentos con independencia del lugar de residencia". El titular de Sanidad destacó la complejidad territorial de la autonomía y definió el medicamento como un bien sanitario esencial.

La nueva norma introduce medidas para reforzar la red farmacéutica en zonas despobladas, especialmente en municipios con menos de 1.500 habitantes. Entre las novedades técnicas, destaca la posibilidad de reducir las distancias entre oficinas de farmacia hasta los 50 metros en supuestos específicos, siempre que se respete el máximo general de 150 metros. Además, el texto regula la figura del farmacéutico regente y contempla soluciones excepcionales como la apertura de botiquines provisionales para asegurar el servicio en áreas críticas.

El diputado socialista Ángel Tomás Godoy, ponente del dictamen, calificó la ley de eminentemente técnica. Godoy reprochó a la oposición su "falta de voluntad para alcanzar acuerdos y criticó que las propuestas de Vox se centraran en cuestionar el modelo autonómico o el lenguaje inclusivo del texto". Respecto a la objeción de conciencia, el parlamentario aseguró que es una cuestión resuelta por la legislación vigente desde hace dos décadas.

Críticas de la oposición por la falta de competencias

Desde el Partido Popular, el portavoz de Sanidad, Juan Antonio Moreno Moya, calificó la aprobación como "una oportunidad histórica perdida". El representante popular denunció que el Gobierno regional ignoró informes clave del Consejo Consultivo y del Consejo Regional de Municipios. Asimismo, criticó la negativa del Ejecutivo a permitir que las farmacias realicen pruebas de control de parámetros como la glucosa o los triglicéridos, algo que permitiría una detección precoz de enfermedades.

Moreno Moya cuestionó "la falta de comunicación fluida" entre médicos y farmacéuticos dentro de la nueva norma. Por su parte, Iván Sánchez, diputado de Vox, denunció lo que consideró una deficiencia técnica legislativa. Sánchez defendió la necesidad de "una sanidad igual en todo el territorio nacional y reivindicó el papel de la farmacia rural como servicio de proximidad frente a las que denominó fronteras artificiales del sistema autonómico".