Los responsables de Recursos Humanos de todos los servicios de salud del Estado han firmado un decálogo común en el que reclaman al Ministerio de Sanidad una reforma seria, realista y consensuada del Estatuto Marco. El documento, suscrito de forma unánime por las 17 comunidades autónomas, reforzó la posición conjunta que ya expresaron los consejeros de Salud hace unas semanas. Los máximos responsables de personal del Sistema Nacional de Salud subrayaron que cualquier modificación normativa debe preservar la sostenibilidad y garantizar la atención continuada a la ciudadanía.
La lectura del manifiesto corrió a cargo de Josune Retegi, directora de Personas y Talento de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, durante la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio. El sector autonómico advirtió de que el texto actual, promovido por el departamento que lidera Mónica García, no puede salir adelante sin tener en cuenta la organización real de las prestaciones sanitarias, así como las competencias normativas y operativas de las distintas regiones en materia de gestión de personal.
Las comunidades autónomas sostuvieron que la propuesta ministerial carece de una evaluación económica rigurosa que permita contrastar de manera fehaciente sus efectos sobre la planificación, la contratación y la ordenación de los profesionales. Según defendieron las administraciones regionales, resulta imprescindible que los cambios legales respeten de forma escrupulosa la viabilidad organizativa y financiera de las redes asistenciales periféricas para no comprometer el funcionamiento de los dispositivos públicos.
Garantía de la atención continuada
El decálogo conjunto incidió con especial énfasis en la necesidad de salvaguardar la cobertura sanitaria de la ciudadanía durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Los firmantes señalaron que las reformas en el ámbito laboral deben construirse necesariamente a través del diálogo institucional y contar con la participación activa de quienes gestionan directamente los recursos humanos. El objetivo compartido, apuntaron, debe orientarse a la mejora de los derechos y las condiciones del personal estatutario, pero sin introducir riesgos en la operatividad del sistema sanitario.
La presentación de este texto en el seno de la comisión estatal reforzó el frente institucional de las autonomías en un momento que calificaron de clave para el proceso negociador. De acuerdo con el documento técnico, la propuesta del ministerio no incorporó todavía las garantías operativas necesarias para responder a la realidad diaria de los centros de salud y los hospitales públicos.
Las delegaciones regionales concluyeron el documento manifestando su total apertura a colaborar en una reforma del régimen estatutario, siempre que las medidas resulten compatibles con la suficiencia financiera de las organizaciones y con las demandas estructurales de la sanidad pública. El posicionamiento completó la estrategia de oposición iniciada por los titulares de las consejerías de salud.
Lilisbeth Perestelo: 
