Política

Facme reclama la financiación provisional del RD de precios como vía de acceso precoz

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas presenta sus alegaciones al proyecto de Real Decreto de financiación de medicamentos. La entidad propone convertir la financiación provisional en un acceso precoz y sumar expertos al proceso.
Cristina Avendaño, presidenta de Facme.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) ha dado a conocer sus alegaciones presentadas al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación de medicamentos y fijación de precios en el Sistema Nacional de Salud (SNS), actualmente en trámite de audiencia e información pública. Las propuestas, elaboradas por el Grupo de Trabajo de Medicamentos de la entidad y consensuadas por las 46 sociedades científico-médicas que la integran, buscan reforzar la calidad técnica del procedimiento y favorecer una incorporación de la innovación basada en criterios de valor, equidad y sostenibilidad.

Entre las principales aportaciones del documento destaca la necesidad de transformar la denominada financiación provisional para convertirla en una verdadera vía de acceso precoz en la prestación pública. Para la organización, este mecanismo debe permitir un acceso temprano, restringido y equitativo a medicamentos que cuenten con autorización de comercialización, pero sigan a la espera de una decisión definitiva sobre su precio. Esta opción se dirigirá a tratamientos que aporten un beneficio relevante para la salud cuando existan pacientes que no puedan esperar a la finalización del procedimiento ordinario.

El texto remitido al Ministerio de Sanidad plantea también la creación de un procedimiento específico para la financiación excepcional de medicamentos y otros productos destinados a atender situaciones individuales singulares. Esta vía terapéutica permitirá valorar las circunstancias clínicas de cada paciente en casos de necesidad médica no cubierta, ausencia de alternativas eficaces o cuando las disponibles estén contraindicadas, no se toleren o resulten inapropiadas. Con ello, la federación busca asegurar una aplicación homogénea y responsable en todo el territorio nacional.

Participación de expertos en la evaluación

El posicionamiento de Facme defiende que el procedimiento de evaluación incorpore de forma más estructurada el conocimiento de los profesionales sanitarios. La propuesta contempla que Sanidad consulte a expertos clínicos designados por las sociedades representativas de las especialidades implicadas durante la elaboración de los informes técnicos de financiación y precio. Del mismo modo, plantea que el grupo de adopción de medicamentos oiga la opinión de estos especialistas antes de tomar decisiones, garantizando en todo momento la correspondiente declaración de intereses.

La entidad exige que el valor terapéutico añadido y el impacto en resultados clínicos relevantes para los pacientes constituyan el criterio prioritario en las resoluciones oficiales. En este sentido, el colectivo considera imprescindible evaluar aspectos que van más allá del control sintomático, como la capacidad funcional, la autonomía personal, la prevención de la dependencia y de la institucionalización, así como la calidad de vida relacionada con la salud. Estas variables adquieren una importancia singular en el abordaje de personas mayores o pacientes que presentan fragilidad.

Transparencia hacia los profesionales prescriptores

Otro de los bloques centrales de las alegaciones es la necesidad de reforzar la información que la Administración pública facilita a los médicos prescriptores sobre los dictámenes del SNS. Los profesionales necesitan conocer no solo el estado final de financiación de los medicamentos que prescriben en su día a día, sino también los criterios técnicos y las justificaciones concretas que sustentan cada una de esas decisiones.

Para resolver la brecha informativa actual, la organización propone desarrollar herramientas específicas y canales de comunicación pública que faciliten el acceso, la comprensión y la difusión de estos acuerdos entre facultativos y pacientes. De este modo, las alegaciones presentadas en el trámite del Real Decreto de precios persiguen articular un marco normativo más transparente, predecible y sólido técnicamente. La meta final de la federación es agilizar el acceso equitativo a la innovación terapéutica e integrar el conocimiento experto en las decisiones regulatorias.

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