El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la disolución anticipada de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La formalización de la convocatoria mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado abre un periodo de 54 días hasta la fecha de la votación y activa el paso inmediato del Ejecutivo a la situación de Gobierno en funciones. Esta decisión fija el cierre precipitado de la legislatura y condiciona el calendario político e institucional de los próximos meses.
La disolución de las Cámaras supone la paralización directa de la agenda legislativa del Ministerio de Sanidad. La finalización de la etapa parlamentaria implica que todos los proyectos y proposiciones de ley que se encontraban en tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado decaen de forma automática. Esta interrupción obliga a que cualquier iniciativa normativa deba ser presentada y debatida desde el inicio por las futuras Cortes que salgan de las urnas.
Entre las iniciativas afectadas se encuentran nueve proyectos normativos impulsados por el Departamento que encabeza Mónica García. Destaca la reforma de la Ley de Medicamentos, cuyo proyecto inició su andadura parlamentaria tras su aprobación por el Consejo de Ministros y se mantenía en la Comisión de Sanidad con el plazo de presentación de enmiendas abierto. La norma, orientada a actualizar el marco regulatorio del medicamento, la fijación de precios y la prestación farmacéutica, queda descartada en la presente legislatura.
De igual modo, decae la tramitación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. El texto buscaba modificar las condiciones laborales, la clasificación profesional y los regímenes de la carrera sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. La paralización de este proyecto de ley conlleva la suspensión indefinida del debate parlamentario sobre la reorganización del personal sanitario.
El paquete normativo afectado abarca también proyectos en materia de prevención y salud pública. Es el caso de la legislación dirigida a prevenir el consumo de alcohol en menores y la actualización de la normativa contra el tabaquismo, ambas iniciativas en fase de elaboración y debate en las Cámaras. Asimismo, la Ley de Equidad y Cohesión del SNS, cuyo objetivo era regular las formas de gestión y homogeneizar las prestaciones del sistema público, detiene su curso parlamentario sin alcanzar su aprobación definitiva.
El Gobierno entra en funciones
Con la publicación de la convocatoria electoral en el Boletín Oficial del Estado, el Ejecutivo pasa a estar en funciones. Según establece la legislación reguladora del Gobierno, la capacidad normativa de la administración central se limita a la gestión ordinaria de los asuntos públicos. El Ministerio de Sanidad no podrá aprobar nuevos proyectos de ley ni acordar medidas normativas de calado durante este periodo.
Esta limitación legal incide de forma directa en las mesas de negociación abiertas con las organizaciones sindicales y los colectivos profesionales del sector público de salud. La incapacidad de adquirir compromisos legislativos o de modificar el marco legal mediante real decreto ley condiciona el desarrollo de las conversaciones sobre ordenación profesional e incentivos laborales.
Prórroga presupuestaria y financiación
En el ámbito económico, la disolución de las Cámaras impide la presentación y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Esta situación deriva en la prórroga automática de las cuentas vigentes, lo que condiciona la planificación presupuestaria de las administraciones sanitarias.
A pesar de que las competencias en asistencia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas, las transferencias de fondos estatales y la asignación de partidas específicas para planes de inversión en alta tecnología, infraestructura de atención primaria y programas de salud mental quedan ligadas a las disponibilidades presupuestarias prorrogadas.
El calendario electoral fijado implica que las nuevas Cámaras se constituirán tras las votaciones, momento en el que el nuevo Gobierno central que resulte investido deberá evaluar si reactiva o modifica las iniciativas normativas que han decaído en esta etapa.
Lilisbeth Perestelo: 
