La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) planteará a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que incorporen a sus programas electorales una reforma del sistema de precios de los medicamentos genéricos para garantizar su viabilidad comercial y la seguridad del suministro. La asociación considera que los actuales mecanismos de reducción de precios están contribuyendo a la desaparición de proveedores y a una creciente concentración del mercado, especialmente en medicamentos esenciales de bajo coste, que supone un importante riesgo de desabastecimientos.
Durante una rueda de prensa, la secretaria general de Aeseg, Elena Casaus, defendió la necesidad de abordar esta reforma en la próxima legislatura, mediante una revisión del sistema de bajadas voluntarias en las agrupaciones homogéneas, la actualización del umbral mínimo de precios y la incorporación de mecanismos preventivos que permitan evaluar las consecuencias de las reducciones extraordinarias sobre la disponibilidad de medicamentos.
“No pedimos frenar la competencia ni proteger cuotas de mercado. Pedimos competencia sostenible”, afirmó Casaus, quien insistió en que el ahorro inmediato no puede constituir el único criterio de la política de precios cuando determinadas reducciones pueden comprometer la permanencia de proveedores en el mercado.
La reclamación se produce después de las fuertes bajadas voluntarias de precios registradas en octubre en medicamentos como furosemida, metformina e hidroxicloroquina. Diariofarma adelantó el pasado 12 de octubre estas reducciones, promovidas por Uxafarma, que situaron algunas presentaciones en niveles extraordinariamente bajos. Ahora, Aeseg utiliza precisamente esos tres medicamentos para documentar los riesgos que, a su juicio, genera el actual sistema y reclamar una respuesta legislativa.
La asociación presentó un análisis de la evolución de cuatro medicamentos, elaborado a partir de información de CIMA, el Nomenclátor y los listados oficiales de bajadas voluntarias del Ministerio de Sanidad. Los resultados muestran una reducción de la oferta efectiva y un aumento de las anulaciones de autorizaciones de comercialización que, según Aeseg, pueden debilitar la capacidad de respuesta del mercado ante problemas de fabricación o suministro. Aeseg cree necesario prevenir estas situaciones ya que, como expresó su secretaria general, “la seguridad del suministro no se improvisa cuando falta un medicamento, hay que construirla antes”.
Reformar las bajadas voluntarias
La principal reivindicación de Aeseg es replantear el sistema de bajadas voluntarias en las agrupaciones homogéneas, que permite que la reducción del precio de una presentación condicione las posibilidades de dispensación del resto de medicamentos de la misma agrupación.
Casaus explicó que, cuando un laboratorio establece un precio extraordinariamente bajo, los demás operadores se ven presionados para igualarlo si quieren mantener sus ventas. Sin embargo, esa reducción puede dejar de ser sostenible una vez agotadas las existencias fabricadas anteriormente, lo que terminaría favoreciendo la retirada de competidores y, por tanto, elevando el riesgo de falta de suministro.
Por ello, Aeseg propone que el Ministerio de Sanidad evalúe previamente las bajadas especialmente intensas cuando afecten a medicamentos esenciales o a mercados con pocos proveedores efectivos. La revisión debería considerar las existencias disponibles, la capacidad adicional de fabricación, el aprovisionamiento de principios activos y los plazos de reposición, sin que ello implique rechazar automáticamente las solicitudes.
La segunda gran propuesta consiste en elevar de 1,60 a 2 euros el umbral mínimo de precio de venta del laboratorio (PVL), establecido en 2014, actualizarlo periódicamente y convertirlo en una protección efectiva frente a nuevas reducciones. La asociación sostiene que la referencia actual quedó desfasada por la inflación y que, además, las bajadas voluntarias permiten situar medicamentos por debajo de ese nivel. Cabe recordar que ya en 2003 se estableció un umbral de 2 euros y 23 años después, el actual es un 20% inferior.
Casaus señaló que Aeseg había estimado en unos 80 millones de euros el coste anual de elevar hasta 2 euros a PVL los medicamentos situados por debajo de ese umbral. La secretaria general consideró que el impacto sería “reducido en relación con el gasto farmacéutico” y planteó que incluso el impacto sería menor ya que cuando se produce un problema de suministro y se sustituye el tratamiento habitual, la alternativa suele ser mucho más costosa.
La organización recordó también que España aplicó revisiones específicas para proteger los medicamentos de menor precio en 1983 y 1996. Aeseg utiliza estos antecedentes para defender que la actualización de los precios de productos maduros no constituye una medida ajena a la política farmacéutica española.
Menos proveedores efectivos
La directora técnica de Aeseg, María Álvarez, detalló los resultados del estudio, que permiten observar cómo la reducción de precios puede preceder en varios años a la salida de competidores del mercado.
En el caso de la furosemida de 40 mg y 30 comprimidos, el PVL pasó de 1,44 euros en 2021 a 0,36 euros en octubre de 2026, lo que supone una reducción del 75%. Durante ese periodo, las presentaciones comercializadas descendieron de 19 a 11. El análisis identifica, además, una elevada concentración del suministro, con dos operadores que representan el 67,7% del mercado en el formato de 30 comprimidos y el 94,1% en el de diez.
La situación de la metformina de 850 mg, utilizada en el tratamiento de la diabetes tipo 2, presenta características similares. La última bajada situó la presentación de 60 comprimidos en 0,99 euros de PVL. De los 36 registros analizados, únicamente diez estaban comercializados, mientras que las autorizaciones anuladas aumentaron de ocho a 15 entre 2024 y 2026. Tres compañías concentran aproximadamente el 80% de la demanda.
En cuanto a la hidroxicloroquina de 200 mg, su precio descendió un 61,9% durante 2026, desde 7,79 hasta 2,97 euros. Álvarez destacó que ninguno de los otros laboratorios comercializadores había igualado la última reducción, circunstancia que puede desplazar la dispensación hacia la presentación de menor precio. No obstante, reconoció que todavía es pronto para conocer las consecuencias estructurales de esta bajada.
Como ejemplo de los efectos que pueden manifestarse a más largo plazo, Aeseg incorporó el caso de deflazacort, cuyo precio acumuló una reducción próxima al 72% tras sucesivas bajadas. Su oferta efectiva pasó de 14 a seis presentaciones, con cinco anulaciones registradas entre septiembre de 2024 y junio de 2026.
“No estamos diciendo que vaya a producirse un desabastecimiento, sino que son señales que debemos vigilar antes de que aparezca el problema”, explicó Álvarez. La directora técnica insistió en que no basta con contabilizar autorizaciones, sino que es necesario conocer cuántos medicamentos se comercializan realmente y qué capacidad existe para sustituir a un proveedor si deja de suministrar.
La dimensión industrial
La asociación vinculó estas reivindicaciones con la política europea de autonomía estratégica y seguridad del suministro. Casaus cuestionó que España mantenga mecanismos que pueden favorecer la concentración de proveedores mientras la Unión Europea promueve la diversificación de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de la capacidad productiva.
“No podemos pedir más fabricación en España y Europa y mantener estos mecanismos que pueden llevar determinados medicamentos a precios incompatibles con su sostenibilidad”, advirtió.
La secretaria general alertó también del riesgo que supone esta evolución para la industria farmacéutica nacional. Señaló que mantener la capacidad productiva exige inversiones continuadas y que la combinación de costes crecientes y precios decrecientes puede desincentivar tanto la fabricación como las inversiones futuras.
Álvarez confirmó que los tres medicamentos afectados por las bajadas de octubre cuentan actualmente con fabricación en España, aunque reconoció que no disponen de información suficiente para determinar cuántas retiradas de autorizaciones corresponden a fabricantes nacionales ni qué sucederá con esa producción en los próximos años.
Aeseg considera que la próxima legislatura debe aprovechar las reformas normativas farmacéuticas para alinear la política de precios, la política industrial y la contratación pública con los objetivos europeos de seguridad del suministro. Casaus recordó que las modificaciones previstas hasta ahora no resolvían suficientemente, a juicio de la asociación, los problemas derivados del funcionamiento de las agrupaciones homogéneas.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 