El Real Decreto , por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros ya tiene un importante frente judicial al que enfrentarse. Por un lado, los profesionales, liderados por el Consejo General de Enfermería (CGE) y, por otro, las comunidades autónomas, que ya han iniciado los pasos para recurrirlo bien por invasión de competencias, bien por la vía del contencioso administrativo.
Según el CGE, en un recurso presentado ante el Tribunal Supremo, el Gobierno introdujo modificaciones de última hora en el Real Decreto que “que alteraron radicalmente el sentido y contenido del texto legal, introduciendo requisitos y previsiones no contempladas en la Ley del Medicamento. Además, según los enfermeros, con esta actuación “se vició el contenido del Decreto a pesar de que había sido pactado con la Mesa de la Profesión Enfermera, aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial y validado por el Consejo de Estado”.
Las comunidades autónomas, por su parte, han iniciado también su batalla jurídica. Prácticamente todas las regiones no gobernadas por el PP han anunciado el recurso bien por la vía contencioso administrativa, bien por la vía del Tribunal Constitucional por una cuestión de invasión de competencias.
