Los enfermeros están indignados con el Gobierno del PP. Este martes, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, el Consejo General de Enfermería (CGE) ha asegurado que el Gobierno “ha consumado su traición” a los enfermeros y que “con nocturnidad y demostrando una cobardía política sin precedentes” ha publicado el texto.
Según explican los enfermeros, y tal y como han venido denunciando en los últimos meses, el texto “fue adulterado en el último minuto, a espaldas de las instituciones enfermeras, del Consejo de Estado y de las comunidades autónomas”, con lo que se han introducido en el texto unas situaciones “radicalmente contrarias al normal funcionamiento de la sanidad y suponen un retroceso de décadas al desarrollo profesional enfermero y, lo que es peor, su aplicación generará un colapso sin precedentes en el sistema sanitario”.
Además, según indica el CGE, los principales partidos en bloque (PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV, Izquierda Unida y UPyD), así como un total de 12 comunidades autónomas, “han mostrado su rechazo radical”. En el caso de estas últimas, según explican los enfermeros “están denunciando públicamente los graves perjuicios que supone la alteración del artículo 3 de esta norma para el normal funcionamiento de la atención sanitaria” y han planteado su recurso al Tribunal Constitucional.
Según los enfermeros, a partir de la entrada en vigor de la norma, los enfermeros no podrán tomar “ni una sola decisión” respecto a los medicamentos que requieren prescripción, obligando a que el paciente pase previamente siempre por el médico que deberá realizar un diagnóstico, determinar la prescripción y elegir el protocolo a seguir. Este proceso se repetirá ante la más mínima variación del estado del paciente, obligando al ciudadano a volver al médico una y otra vez para que realice su seguimiento. De lo contrario, los enfermeros podrían incurrir en “un delito de intrusismo profesional, porque ya ha quedado definitivamente claro que no tienen amparo legal para ello”, explica el CGE.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto, la Mesa de la Profesión Enfermera va a utilizar todas las acciones que permita la legalidad vigente y la Constitución Española para tratar de evitar la aplicación del ignominioso artículo 3 de Real Decreto, incluyendo un calendario de acciones y movilización así como actuaciones jurídicas, mediáticas e informativas que se llevarán a cabo en el ámbito nacional e incluso, internacional. No estamos dispuestos a poner en juego la seguridad jurídica ni de los profesionales ni de los pacientes, es por ello que la Mesa de la Profesión Enfermera va a reunir de forma inminente a sus respectivas comisiones ejecutivas para poner en marcha todas las actuaciones aprobadas de forma inmediata.