La defensa de los cuidados paliativos y el recurso a una norma que tiene vacíos legales importantes serán las herramientas que desde diferentes grupos políticos y sociales se van a poner en marcha para hacer frente a la ley de eutanasia que ha recibido hoy jueves el apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados.
PP, Vox, así como diversas entidades sociales contrarias a esta ley de la eutanasia, han reiterado su intención de usar las vías legales y las actuaciones sociales para frenar la puesta en marcha de una ley de amplio calado social e ideológico.
Ambos partidos recurrirán ante el Tribunal Constitucional el texto aprobado y, además, el Partido Popular tiene previsto registrar una iniciativa legislativa popular en el Congreso para poner en marcha un plan integral de cuidados paliativos.
En palabras de José Ignacio Echániz, portavoz sanitario popular, la norma es “poco rigurosa y carente de rigor técnico”. Echániz ha indicado uno de los principales defectos de la norma, como es que se haya aprobado sin escuchar a los expertos. “Es el desarrollo de una agenda radical”, ha asegurado.
Lourdes Méndez, de Vox ha pedido que la ley no se aplique hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso que va a introducir su formación. “Más pronto o más tarde ganaremos y así protegeremos la vida de todos los españoles” ha indicado en el debate la representante de Vox.
Echaniz ha indicado, también en el pleno, que “es irresponsable” aprobar la ley sin haber desarrollado antes los indispensables cuidados paliativos, que a partir de hoy “los más frágiles tienen motivos para el desasosiego”.
En vigor en tres meses
Mientras se preparan alternativas legales en su contra, la norma, en principio entrará en vigor tres meses tras su publicación en el BOE. Solamente podrán solicitarla los pacientes que estén en padecimiento grave, imposibilitante, o enfermedad grave e incurable.
El paciente deberá ser español o residente legal y ser mayor de edad. Deberá solicitar la eutanasia dos veces por escrito con una separación temporal de 15 días, asegurando que lo hace libre de presiones.
El médico responsable, tras recibir el primer informe, explicará al paciente las alternativas terapéuticas, momento en el cual el paciente deberá expresar de nuevo su intención.
Nuevamente se producirá una nueva reunión y será el médico el que autorice el proceso, si bien antes deberá pedir asesoramiento a otro profesional formado en las patologías que padece el paciente, pero que no sea de su equipo médico.
Igualmente existirá una comisión a nivel autonómico encargada de evaluar cada caso a través de dos expertos desginados.
Tramitación exprés y sin debate
La ley de eutanasia se ha aprobado por 202 votos a favor y 141 en contra en el Congreso de los Diputados tras una tramitación exprés (apenas siete meses) y con una ausencia casi total del debate social que ha solido acompañar a todos los proyectos normativos relacionados con la eutanasia en ocasiones anteriores.
Con esta, son tres veces en las que leyes sobre la eutanasia se ha debatido en el Congreso de los Diputados. Siempre auspiciados por PSOE y en ocasiones Podemos, los dos proyectos anteriores decayeron en 2018 y 2019, ya sea por el bloqueo parlamentario, en el primero y por el fracaso de la coalición entre socialistas y podemitas en el segundo.
Podemos y PSOE, los dos grupos que sostienen al actual Gobierno contaron con el apoyo de sus socios nacionalistas para sacar adelante la votación de una norma de amplio calado social y polémica desde su origen.
La actual ley se presentó justo antes del inicio de la pandemia, el 24 de enero, como una iniciativa conjunta de PSOE y Podemos, si bien la tramitación de la misma se ha mantenido durante el medio año en el que las instituciones legislativas han permanecido operativas.
Igualmente, los grupos de la oposición criticaron ya la maniobra socialista de no presentar la norma como un proyecto de ley, sino como una proposición de ley, para evitar los informes que deberían haber emitido, tanto el Consejo de Estado, como el Comité de Bioética, entre otras instituciones. El propio Comité de Bioética actuó por iniciativa propia y presentó un informe desfavorable, que en octubre fue agriamente contestado por la diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Igualmente, PSOE y Podemos, junto con ERC, llegaron a vetar la comparecencia de sanitarios, expertos en cuidados paliativos y juristas en la Comisión de Justicia donde se tramito la ley, que prácticamente no ha recibido enmiendas y salió respaldada por una amplia mayoría: 202 (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP y Ciudadanos), 138 en contra (PP, Vox, UPN) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe). Prácticamente el mismo resultado que se ha registrado hoy en el pleno de la Cámara.
El debate de esta mañana, ha supuesto una reedición de los argumentos que los grupos políticos han mantenido en los últimos siete meses con respecto a la eutanasia, además de un cúmulo de acusaciones, propias de los debates de temas con tan amplia controversia.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha indicado al término del debate, que con esta ley se hace “una sociedad más justa y más decente”. Para Darias este es el “camino del progreso” y asegura que esta es una demanda “muy importante de la sociedad española”.
Su predecesora en el cargo de Sanidad y hoy diputada encargada de defender el proyecto, María Luisa Carcedo, se ha expresado en términos casi idénticos. Carcedo dice que esta norma establece que “la persona decía con libertad” y ha indicado además que “es un derecho, no una obligación”.
Podemos más que valorar una ley propia, ha preferido cargar contra la oposición. A jucio de Rosa María Medel, lo más importante del debate de esta mañana es que “la derecha no respeta los derechos”. Medel asegura que “llenan su discurso de odio”.
Ciudadanos tilda norma de “garantista” y su diputada Sara Giménez la califica de “hito histórico”. Para Giménez resulta importante destacar que el PP “siempre ha estado en contra del avance en los derechos”.e
Partido Popular y Vox han sido los dos principales grupos políticos que se han opuesto a la eutanasia. Su camino ha sido abrir el camino de la unificación de los cuidados paliativos en todo el territorio nacional. Ambas iniciativas, que contaron con el respaldo de colectivos sanitarios, no prosperaron ante el peso de las mayorías de la Cámara.
El cuatro de la UE, el sexto del mundo
Solamente existen cuatro países en la UE y seis en el mundo, los que tienen algún tipo de cobertura legal para la práctica de la eutanasia. En todos ellos se mantiene, al igual que en España un debate social sobre su mantenimiento, a favor y en contra.
En la UE es legal la eutanasia en Holanda, Bélgica, Luxemburgo. En Portugal, una norma similar a la que entrará en vigor en España en tres meses, ha sido anulada por su Tribunal Constitucional. En Alemania y Austria existe la posibilidad de que el paciente suspenda el tratamiento médico, algo muy similar a lo que ocurre en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Fuera de la UE, Suiza mantiene vigente el suicido asistido, pero no la eutanasia.
Los países del este mantienen no solamente su ilegalizad sino incluso la eutanasia está vinculada a penas de cárcel en Polonia, Bulgaria y Croacia.
Fuera de Europa es legal también en Colombia y Canadá, aunque estos dos países aplican la norma con algunas peculiaridades. Igualmente lo es en algunos estados de EE.UU. si bien, en este caso, lo que existe realmente es una regulación del ‘suicidio asistido’.
En Australia también hay estados que tiene legalizada la eutanasia como Victoria, incluido dentro de Australia, o en Nueva Zelanda.
En otros países donde la eutanasia es legal, como en el estado de Victoria o Nueva Zelanda. En Asia, Japón contempla la legalidad del suicido.