Como ya hiciera durante el pasado mes de mayo, antes de la celebración de las últimas elecciones, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Antonio Roldán Monés, presentó el pasado día 15 de septiembre una 'Proposición no de Ley sobre la continuidad de tratamiento a pacientes participantes de ensayos clínicos', para que sea debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Tal y como ocurrió entonces, Ciudadanos insta al Gobierno "a modificar el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, de forma que aquellas personas que participen en ensayos clínicos puedan seguir disfrutando del fármaco utilizado desde que finaliza el ensayo, hasta que es comercializado".
Como ya recogió Diariofarma, la formación ve un sinsentido en el hecho de que "los pacientes que colaboran en la realización de ensayos clínicos tengan que suspender el tratamiento, o superar arduos trámites burocráticos hasta la autorización de comercialización definitiva del mismo, para poder continuar con él en el caso de que éste haya resultado efectivo". El agravio es mayor aún, dicen, si se tiene en cuenta el esfuerzo que supone participar en estos ensayos, el cual "no se ve recompensado, ya que la industria farmacéutica suspende en ocasiones el suministro del medicamento hasta su definitiva autorización de financiación y precio por parte de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos".
Justicia en el 'caso talidomida'
El mismo día, Roldán presentó la 'Proposición no de Ley sobre la protección de las personas afectadas por la talidomida', en la que piden "reabrir con urgencia el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas" para este principio activo.
Esa reapertura debería conllevar, según Ciudadanos, la indemnización "a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, así como a pagar prestaciones justas que procedan, y todo ello en el plazo máximo de 2018". En este sentido, llaman a poner en marcha "un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, a fin de que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado". Para la formación naranja, "es de justicia reconocer el daño causado e indemnizarlo debidamente, así como solicitar formalmente a Grunnenthal que asuma la necesidad de colaborar en la reparación".
También instan al Gobierno a "facilitar, en lo posible, los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: