Todos los estamentos de la profesión enfermera, empezando por los colegios profesionales y el Consejo General de Enfermería, así como Sociedades Científicas de la profesión y estudiantes han expresado su “indignación y preocupación ante la posible privatización de la Atención Primaria por el auge de un movimiento autodenominado como Farmacia comunitaria”.
Los enfermeros, reunidos en Toledo para debatir, conocer y analizar las amenazas y retos a los que se enfrenta la profesión, en torno a la jornada celebrada bajo el lema ‘Juntos, construyendo un futuro’ ha consensuado medidas urgentes para evitar lo que puede suponer un “golpe mortal al sistema sanitario”.
CGCOF: “Las farmacias cumplen con las funciones encomendadas por ley”
Según aseguran los enfermeros, desde la farmacia comunitaria se “pretende hacer actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio” y facturar por ellas a las arcas públicas, mutualidades o al propio paciente. Pero los enfermeros no critican solo que la farmacia pretenda cobrar por sus servicios, sino que llega a decir que “frivoliza” con estas funciones y niega respaldo legislativo para ello. Según aseguran los presidente de los enfermeros, en España “no existen respaldo alguno por parte de la legislación” a la especialidad de Farmacia Comunitaria. En este sentido, han manifestado que los especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria “tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residente en el Sistema Nacional de Salud, mientras que un farmacéutico que se hace llamar ‘comunitario’ se autocalifica como tal sin control estatal ninguno”.
Los enfermeros dudan incluso del ahorro y beneficios que las actividades de los farmacéuticos comunitarios pueden aportar tanto al sistema como a los pacientes. El “supuesto ahorro o mejoras que se basan en estudios de los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud ”. Por todo ello, además de denunciar “invasión de competencias” de la profesión enfermera considera que la atención comunitaria de las farmacias “no puede ser la excusa para cercenar el sistema sanitario público y uno de sus pilares, como es la Atención Primaria”.
Crítica a las Consejerías de Sanidad
Por todo ello, los representantes de la Organización Colegial de Enfermería de toda España (52 colegios provinciales, 17 Consejos Autonómicos y un Consejo General de ámbito nacional) y representantes de las Sociedades Científicas de Enfermería, Facultades y estudiantes de enfermería han reclamado de los políticos “conocer la trascendencia de las nuevas regulaciones en ciernes, sustentadas en argumentos falaces como supuestos ahorros para el sistema, reducción de las visitas a urgencias o mejor adherencia al tratamiento”. Del mismo modo, consideran que los pacientes “no deben recibir mensajes equívocos sobre hipotéticas virtudes de ser atendidos en establecimientos comerciales, alejados de los centros sanitarios y de los profesionales”.
La Organización Colegial de Enfermería ha criticado duramente a los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas que “están entrando en este juego, ya que están haciendo peligrar el sistema sanitario”. Según ellos, “dejan en manos de unos establecimientos privados y comerciales la atención que prestan médicos y enfermeros en el marco del sistema público, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria”.
Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia están dando pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud, el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados,solicitando el acceso a la historia clínica del paciente y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos.
Límites en el ejercicio
Por todo ello, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez ha asegurado que “respetamos el importante rol de los farmacéuticos en el marco de la atención al ciudadano, pero esta profesión hermana debe ser consciente de sus límites a la hora de ejercer”. Además, Pérez señala que “reconocemos que es legítimo tener nuevas aspiraciones profesionales. Sin embargo, ni entendemos ni toleramos que las administraciones públicas, como últimos responsables de la salud de los ciudadanos, entren en este juego y menos, si eso implica arriesgar la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos, sobre todo de las especialidades reconocidas por Ley de Enfermería y Medicina de Familia y Comunitaria”.
Desde el punto de vista jurídico, José Ignacio Juárez, experto en Derecho Público, ha cuestionado incluso la viabilidad de las normativas que están aprobando algunas autonomías, puesto que, “además, de que implica una invasión de ámbitos competenciales propios y exclusivos de la profesión enfermera, cualquier modificación regulatoria del modelo farmacéutico en su dimensión sustantiva sólo puede ser acometido por el Estado, titular de competencias exclusivas, por lo que estas leyes autonómicas podrían ser inconstitucionales”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: