El Ayuntamiento de Getafe aprobó, por 25 votos a favor y dos en contra, una declaración de apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar precios y acceso justo a los medicamentos. Damián Caballero, portavoz del grupo de organizaciones que la han puesto en marcha, destaca "el apoyo casi unánime a la iniciativa". Solo VOX se posicionó en contra.
El Gobierno municipal pidió al resto de grupos su adhesión a una ILP "cuya finalidad es reforzar la capacidad de las administraciones sanitarias para fijar precios justos con la máxima transparencia posible, permitiendo el acceso a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público". También a la campaña de firmas que está teniendo lugar para llevarla a las Cortes. Como se ha dicho, la respuesta del resto de grupos fue, en general, positiva.
El éxito político cosechado en el Ayuntamiento de Gefate esperan ahora repetirlo en más ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Con ese objetivo se están dirigiendo a todas corporaciones municipales de localidades de más de 100.000 habitantes, sin excepción.
Y no solo se han propuesto hacer incidencia política en Madrid, sino que están tratando de replicar situaciones similares en el resto de comunidades autónomas. "En Navarra ya se ha presentado una declaración, que ha sido firmada por la mayoría de los grupos del Parlamento y que esperamos que pronto pueda ser aprobada en el Pleno".
Además de interpelar a los grupos parlamentarios, lo están haciendo también con los representantes de los diferentes gobiernos. A nivel autonómico, preparando reuniones con consejeros de Sanidad, con algunos de los cuales, asegura Caballero, ya han mantenido conversaciones telefónicas.
Eso también aplica al Gobierno central. Según ha precisado el portavoz de la plataforma, tienen "pendiente" una reunión con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Objetivo: 500.000 firmas
Todo esto, y algunos actos públicos, como uno lúdico que se celebrará también en Getafe el próximo 27 de febrero, para atraer la atención de la población hacia la causa y conseguir las 500.000 firmas que permitirían que se tramitara la iniciativa en las cámaras.
Para ello, como indica el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, cuentan con nueve meses desde la admisión de la proposición (el reloj comenzó a correr el pasado mes de septiembre), un plazo que podrá ser prorrogado por tres meses "cuando concurra una causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso", según reza la ley.
Para la recogida de firmas han impreso 22.000 pliegos, validados por la Junta Electoral, de los que han repartido inicialmente 16.000, ayudados por las delegaciones territoriales de las organizaciones de la plataforma que cuentan con ellas. Uno de los últimos en adherirse fue UGT. Con CCOO están viendo como colaborar. Y también están tratando de conseguir la adhesión de las sociedades científicas.
Recogida y recuento
Las firmas ya han comenzado a recogerse y esperan poder hacer el primer recuento en las primeras semanas del mes de marzo, a través de encuestas que remitirán a los distintos territorios. A partir de ahí, podrá comenzar a estimarse la probabilidad de éxito de esta iniciativa.
Si consiguen introducirla en las Cortes, ya están en contacto con los grupos parlamentarios para poder añadirle algunos puntos, a través de enmiendas, que, dice Caballero, "se nos han quedado en el tintero". "Tienen que ver con la transparencia y la fijación de precios y con la necesidad de avanzar en el conocimiento de los precios reales que están pagando los hospitales", concluye.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: