La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la que le relata el equipamiento necesario para que los profesionales sanitarios puedan afrontar con garantías el “pico de nuevos casos de 20 días” que espera la región.
Entre las demandas de la presidenta madrileña se pueden encontrar equipos de protección individual como mascarillas quirúrgicas, así como de protección, calzas, monos impermeables, gafas de protección, trajes BQ, pero también equipamiento necesario para la atención. A este respecto, Madrid pide al Gobierno central 586 respiradores, 315 monitores y 223 camas.
Díaz Ayuso inicia su carta señalando la “profesionalidad, compromiso y a una implicación sin fisuras de todos los profesionales sanitarios de nuestro país, tanto del sector público como del privado”, gracias a los cuales, “podremos lograr lo que todos los madrileños y españoles desean: ganar la batalla al virus”.
La presidenta también solicita en su carta kits de detección, de los que estima necesitar “como mínimo” unos 70.000.
El gobierno de la Comunidad de Madrid también informa a Sánchez de que ya ha contratado a “un gran número de facultativos, profesionales de enfermería, TCAE y personal para apoyar en tareas no sanitarias”. Pero señala que “esto solo es el principio, ya que, adicionalmente, necesitamos: 1.362 facultativos, 1.245 profesionales de enfermería, 310 TCAE y 31 personas para cubrir tareas no sanitarias”.
Hasta 1.200 millones de impacto presupuestario
Díaz Ayuso también se acuerda en su misiva de solicitar una regulación básica para la adopción de diferentes medidas en ámbitos como la educación o la protección de trabajadores del transporte mientras dura la situación del Estado de Alarma.
Para finalizar, Díaz Ayuso hace balance del impacto económico que la crisis tendrá para la región. Según indica, el coste presupuestario para hacer frente a estos primeros momentos de la pandemia, podría ascender a 1.195 millones de euros, un 0,5% del PIB de la región, mientras que las consecuencias económicas del cierre de actividad durante un mes se estiman entre el 2 y el 5 % del PIB madrileño.
Por ese motivo, indica a Sánchez que los 600 millones que comunicó va a poner a disposición de todas las comunidades autónomas para la prestación de servicios básicos “nos parecen insuficientes”.
A este respecto, más allá de solicitar 377 millones de euros adeudados por la liquidación del IVA de 2017, la presidenta solicita que “todo el gasto público destinado a la lucha contra el coronavirus quede excluido del cómputo de estabilidad presupuestaria, al tratarse de una situación de emergencia nacional” y que se autorice por parte de Hacienda a “abrir una línea de refinanciación de liquidez mediante avales públicos de la Comunidad de Madrid con el fin de apoyar a las empresas que se hayan visto afectadas por el cierre y no puedan hacer frente a sus pagos.
