Un nuevo error: en vez de ganar la colaboración del sector privado, lo interviene y lo ahuyenta

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

El Gobierno va a conseguir que cualquier iniciativa privada que busque mejorar la asistencia y diagnóstico del covid-19 se quede paralizada ante la amenaza de requisa o multas de acuerdo al Estado de Alarma.

La última de las instrucciones, dadas por el Ejecutivo en relación con los procesos diagnósticos de covid-19 no solo pone al servicio del Sistema Nacional de Salud a todos los centros de diagnóstico de titularidad privada y les interviene los precios de sus servicios, algo que podría ser entendible y, hasta necesario; sino que les impide continuar con su labor en el ámbito privado, ya que, según se recoge en la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, “la indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente”.

Y no solo eso, además, de evitar que continúen con su labor diagnóstica en el ámbito privado, de intervenirles los precios y obligarles a prestar servicios al SNS, la sombra de la requisa y de las sanciones está presente. El Gobierno exige que se les informe de cualquier compra de material necesario para los diagnósticos, con lo que en cualquier momento podría ser requisado, además de servir de control para que no puedan saltarse las otras normas.

Si estos centros pudieran seguir con su labor diagnóstica en el ámbito privado podrían tener incentivos para comprar y traer a España nuevos reactivos y material necesario para las determinaciones de covid-19. Pero si se intervienen los precios, se les impide realizar su labor comercial y se les amenaza con requisar todo el material, lo único que se conseguirá es que cada vez España en su conjunto tenga menos capacidad diagnóstica frente al covid-19. Es decir, que, de nuevo, una iniciativa propagandística del Ejecutivo termina conduciendo a empeorar el ya negro panorama de futuro que se cierne sobre nosotros.

Y no solo eso, relacionado con esto, hoy hemos tenido conocimiento que el Gobierno está requisando también el material de diagnóstico del covid-19 que empresas privadas habían adquirido para hacer test a sus trabajadores y asegurar la salud de los mismos. Un ejemplo es Siemens Gamesa, a la que se han requisado un total de 2.000 test. Seguro que hay o habrá más.

Esa requisa evitará la seguridad entre los trabajadores de esa empresa de forma inmediata y, por otro lado, hará imposible que otras empresas quieran comprar test para traerlos a nuestro país.

Qué fácil habría sido incentivar a las empresas a realizar todos los test que consideren oportunos entre sus trabajadores y, eso sí, obligarles a comunicar los resultados, tanto positivos como negativos para, de este modo, ayudar a conformar la base de datos de seroprevalencia que es tan necesaria

Por desgracia, creo que el Gobierno, una vez más, vuelve a equivocarse en lo que ya parece una patología ideológica de intervenir y dirigir cualquier actuación en todos los ámbitos y no buscar ampliar la red de colaboración para acabar con el covid-19. En vez de utilizar las ventajas del sector privado, otorgándose a sí mismo una potestad de coordinación, prefiere limitar su acción. Lo mismo que ha sucedido ahora, viene ocurriendo con las oficinas de farmacia desde el inicio de la pandemia, que se han visto relegadas y menospreciadas pese a la labor que podrían haber realizado.

Todo ello solo puede dar como resultado que nadie quiera aportar su grano de arena, ya sea con beneficio crematístico o bien con beneficio en forma de salud para sus colaboradores.

Lo dicho, un nuevo error.

José María López Alemany es director de Diariofarma.