La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha instado a la industria a aplicar la denominación común internacional (DCI) a las vacunas frente al covid-19.
Un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del que forma parte la Aemps, ha participado en la publicación de un artículo de la revista científica The Lancet en la que solicitan a las compañías farmacéuticas que apliquen las reglas de nomenclatura que establece la OMS. La asignación de un DCI único y distinto para los principios activos de cada una de las vacunas contribuirá a la seguridad, la prescripción, la distribución internacional y la farmacovigilancia de estos medicamentos.
Según se explica en dicho artículo, la legislación no establece claramente la necesidad de denominar con DCI a las vacunas y, por ese motivo, algunos productores han solicitado esta denominación y otros no. No obstante, los autores del artículo y, ahora la Aemps consideran que en el contexto de la pandemia y para terminar con esa ambigüedad deberían utilizarse los DCI. Lo justifican en que la falta de esa información "podría plantear problemas de seguridad para las personas que reciben la vacuna (...), además de complicar los esfuerzos en farmacovigilancia".
La DCI es un nombre genérico exclusivo asignado a casi todos los principios activos utilizados en los medicamentos. La precisión, uniformidad y aceptación internacional de las DCI las convierten en el medio ideal de comunicación entre profesionales sanitarios, científicos y agencias reguladoras de todo el mundo. La OMS fomenta el uso de las DCI en la información del medicamento (ficha técnica, prospecto, etiquetado) de los productos farmacéuticos y en las recetas médicas, con el objetivo de asegurar que, desde el fabricante hasta el paciente, distingan claramente de qué producto se trata.
El grupo de expertos de denominación común internacional de la OMS (International Nonproprietary Names, INN), del que forman parte técnicos de la Aemps, firma este artículo en The Lancet el que ponen de relieve que no seguir estos criterios plantea importantes problemas de seguridad para los pacientes, además de complicar la labor de farmacovigilancia que desarrollan las agencias reguladoras. Asimismo, estos expertos solicitan a las agencias reguladoras que faciliten la implementación de la DCI.
Nicolas Gonzalez Casares: