Tras la aprobación de la ley de eutanasia y su entrada en vigor, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica recuerda que la atención al final de la vida se basa en el respeto “incondicional “a la vida humana como base sobre la cual se realizan todo tipo de cuidados que ayudan en el proceso de morir.
En consecuencia, advierten que existe una "intrínseca contraposición" entre la atención sanitaria al final de la vida y la prestación ahora aprobada. Para los miembros de AEBI, hay que organizar la atención sanitaria respecto al comportamiento de la mayoría de los pacientes que no demandan la eutanasia y no respecto a una ley despenalizadora que puede ser invocada por un grupo reducido de personas.
Se muestran convencidos de que la eutanasia no es un acto propio de un profesional de la salud, de cuidado o compasión, ni tampoco una opción neutral. "La eutanasia no es un complemento de los cuidados paliativos, ni la última opción para algunos pacientes. No es por tanto una opción de cuidado o apoyo al enfermo. Al contrario, es una elección incompatible con las profesiones sanitarias en cuanto no alivia, sino que quita la vida a los pacientes", declaran.
AEBI espera que haya una respuesta pronta que muestre que no existe un derecho a la muerte ni en consecuencia un derecho subjetivo frente a los demás para reclamar el derecho a ser matado. Es cierto que cada uno es libre de querer morir, incluso de suicidarse, aunque más que un signo de libertad, este deseo de morir en muchas ocasiones sea un síntoma de depresión psíquica a menudo infradiagnosticada, pero es incompatible con el derecho a la vida que el propio Estado mate a los ciudadanos a través de una regulación que permita al médico terminar impunemente con la vida de su paciente, incluso a petición del mismo, añaden.
Objeción de conciencia
Insisten en que la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales sea facilitada, sin afectar a su carrera profesional y respetando la confidencialidad, tal como la reclama el Comité́ de Bioética de España.
En un reciente documento, la AEBI califica de “triste” que se haya generado una despenalización por razones ideológicas y no se haya dotado de los recursos sociosanitarios necesarios para garantizar la atención al final de la vida para los pacientes que lo requieran.
Esta ley -prosiguen- no es una oportunidad para nada, sino una fuente de múltiples y variados riesgos: “La eutanasia puede terminar por ganarle la batalla a los cuidados paliativos, pues, en comparación con ellos, es más indolora, rápida, estética, y económica. Para ciertos pacientes, se convierte en un derecho exigible a la muerte dulce; para los allegados, en una invitación tentadora de verse libres de preocupaciones y molestias; para ciertos médicos, en un recurso sencillo, que ahorra tiempo y esfuerzos; para los gestores sanitarios, una intervención de óptimo cociente costo/eficacia2; para muchos profesionales a la larga será́ una presión difícil de eludir por una onerosa objeción especialmente en la sanidad pública”.
Por lo tanto, insisten en que la protección legal de la vida humana tiene que ser incondicional y abarcar el entero ciclo vital. Generar excepciones afecta a los más vulnerables de forma muy directa en cuanto que la eutanasia, más que ampliar la libertad del paciente grave, incurable o crónico, les somete a nuevas presiones, directas o indirectas que le abocarían a solicitarla.
La dignidad de la persona enferma que sufre exige otras medidas que le hagan superar la desesperación. Lo que necesita es eliminar o mitigar los factores que la causan: soledad, abandono o dolor. La ley de eutanasia que ha entrado en vigor no aporta nada para que eso sea posible. Es una norma regresiva que elimina a los enfermos que requiere ser superada por una ley que verdaderamente los “ayude a vivir el final de su vida”.
Nicolas Gonzalez Casares: