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La Ley de Pensiones compensa a los jubilados que en 2022 debieron quedar exentos de copago

Se trata de dar solución a una “incidencia técnica” por la que un número de pensionistas se mantuvo asignado indebidamente en el grupo de aportación del ejercicio anterior, pese a haber variado su situación económica

La reforma de la Ley de Pensiones incluirá una compensación a los jubilados que en 2022 debieron haber quedado exentos del pago de medicamentos. Según indica que el texto de la reforma publicado este viernes en el BOE, esta compensación es “excepcional” y tiene por objeto reparar una situación indebida, ya que un número indeterminado de pensionistas se mantuvo asignado indebidamente en el grupo de aportación farmacéutica en el ejercicio anterior, pese a haber variado su situación económica.

“Con el fin de dotar de seguridad jurídica a la situación de los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios que, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, estuvieron exentos de aportación farmacéutica pese a estar encuadrados en alguno de los colectivos sometidos a aportación económica previstos en los párrafos b) o c) del artículo 102.6 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, mantendrán tal exoneración durante el periodo de referencia”, indica el texto.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, por eficacia administrativa procederá de oficio, en el plazo de seis meses, “a abonar a los pensionistas en situación de alta en dicha fecha en la base de datos de aseguramiento sanitario un importe equivalente al límite máximo de aportación mensual previsto en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos”.

El abono señalado en el párrafo anterior, tanto para los pensionistas de la Seguridad Social como para sus beneficiarios, “se realizará mediante ingreso en la cuenta bancaria designada por el pensionista para el cobro de la pensión”.

Esta modificación incluida en la disposición adicional quinta, explica el texto, será realizada por el Estado “pese a que la competencia y responsabilidad para el reintegro de las aportaciones realizadas en exceso corresponde a las comunidades”.

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