“Afrontar y atender con medidas concretas los problemas que tienen los pacientes y los profesionales sanitarios, y normalizar el apoyo de un entorno de titularidad privada para disponer de un sistema público fuerte, robusto, capaz y suficiente son dos aspectos clave para sostener el sistema sanitario y dar respuesta a la demanda asistencial”: así lo ha asegurado Juan Abarca, presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), durante la presentación del informe ‘Sanidad privada, aportando valor 2023’, que ha tenido lugar este jueves en Madrid.
Abarca ha incidido en la “necesidad de dar estabilidad a los conciertos con la sanidad privada y de facilitar la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias, con independencia de su titularidad, para promover la continuidad asistencial evitando duplicidades, ineficiencias para el sistema y molestias innecesarias para los pacientes”.
Durante su exposición, Juan Abarca ha recordado la conveniencia de apostar “por un pacto por el sistema sanitario que esté abierto a reformas tal y como se aprobó en el documento para la Reconstrucción Económica y Social del Sistema Sanitario aprobado por los partidos mayoritarios en julio del 2020”.
Asimismo, ha señalado la necesidad de que se determine el modelo sanitario para los próximos 30 años y que tenga por cometido hacer una nueva Ley General de Sanidad que esté adaptada a la situación sociodemográfica y a las necesidades actuales de los pacientes “dado que la vigente tiene más del 70% de sus artículos derogados o no son aplicables. Es fundamental también -ha añadido- contar con un sistema sanitario que dé prioridad a la eficiencia en la gestión (incrementando la financiación finalista para medidas estructurales, llevando a cabo una gestión basada en criterios empresariales y definiendo el nivel de coberturas y prestaciones al que se puede hacer frente, entre otros aspectos), que actúe sobre la gobernanza del sistema (a nivel macro, meso y micro) y normalice la actividad de la sanidad privada”.
El análisis global de la aportación de los datos del Informe muestra que el sector sanitario de titularidad privada representa el 26,7% del gasto sanitario total, lo que supone un elevado peso en el sector productivo español. El conjunto del gasto sanitario privado y la colaboración privada-pública (conciertos) alcanza los 40.727 millones de euros: un 3,64% del PIB. Asimismo, los 10,3 millones de asegurados (sin incluir los más de 1,7 millones de usuarios del sistema privado en el modelo de mutualismo administrativo) contribuyen a la descarga y el ahorro del sistema público. Las estimaciones indican que el ahorro generado por el seguro privado se situaría entre 1.674 euros al año (si el paciente usa exclusivamente el sistema privado) y 599 euros (si el ciudadano realiza un uso mixto de la sanidad, consumiendo recursos públicos y privados, actuación de pleno derecho al financiar ambos sistemas). Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, indica que “si se tiene en cuenta el número de asegurados existentes en nuestro país, el ahorro total generado al Sistema Nacional de Salud se sitúa en un rango que va desde los 6.185 millones de euros a los 17.283 millones de euros, en función de un uso mixto o exclusivo de la sanidad pública y privada”.
Colaboración
La sanidad privada promueve la colaboración privada-público a través de conciertos, el mutualismo y las concesiones administrativas. A nivel regional, las comunidades autónomas con un porcentaje de gasto en conciertos sobre el gasto sanitario más elevado son Cataluña, con un 24,1% sobre el gasto sanitario (esta región cuenta con un modelo sanitario que integró desde 1979 recursos públicos y privados en un solo sistema, denominado SISCAT y actualmente lleva a cabo conciertos singulares con los hospitales privados integrados en el SISCAT.
Además, de conciertos con centros privados para prestaciones específicas). En la segunda posición, con un 11,8% del gasto sanitario está la Comunidad de Madrid (donde debido a la concentración de población se establecen tres fórmulas de contratación público-privada: concierto, convenio singular y concesión). En tercer lugar, Baleares cuenta con un 8,6% del gasto sanitario donde se realizan fórmulas de colaboración a través de conciertos y convenios singulares. En el resto de las comunidades autónomas, el gasto en conciertos representa entre un 2,8% y un 8,6%.
Por su parte, el mutualismo administrativo es un mecanismo de cobertura que favorece el equilibrio entre el sistema público y el privado, al tiempo que reduce la presión asistencial de la demanda de pacientes en el sistema público de salud. En 2022 1,73 millones de funcionarios, aproximadamente el 82% del total, estaban suscritos a esta modalidad.