La Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo (SANT) ha recibido con críticas la implementación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer realizada por la Comisión Europea, que afronta un escenario de incertidumbre financiera tras confirmarse una reducción presupuestaria superior al 35% por ciento en las partidas inicialmente previstas. Esta disminución, que supone un recorte de más de 1.000 millones de euros, impacta directamente en la capacidad de la Comisión Europea para evaluar de forma significativa el desempeño global de las iniciativas emblemáticas programadas hasta 2025.
Según el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, que este lunes se ha presentado ante la la Comisión de Salud, aunque se cumplieron los hitos para la puesta en marcha de 24 iniciativas, la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo resulta incierta. El presupuesto original de 4.000 millones de euros se vio alterado por ajustes en programas como EU4Health, lo que genera dudas sobre la financiación de actividades que se extienden más allá de 2026 y cuyos objetivos finales se sitúan en el horizonte de 2040.
Debilidad en la sostenibilidad
Según señaló Joelle Elvinger, Decana de la Cámara I, el análisis del tribunal destaca que las intervenciones dependen en exceso de experimentos o financiación temporal por parte de los Estados miembros. Si las autoridades nacionales no integran y mantienen estos instrumentos, existe el riesgo de que los beneficios de la inversión europea no se mantengan en el tiempo. Asimismo, el informe advierte de que los indicadores de resultados e impactos son incompletos, lo que impide a la Comisión realizar una evaluación sistemática de los avances reales en la lucha contra la enfermedad.
Por parte del Grupo Popular, Bartosz Arlukowicz se señaló que el enfoque del plan debe centrarse en medidas que mejoren la supervivencia y faciliten la vida de los pacientes. El portavoz del grupo subrayó que existe una distracción en los objetivos y que "el foco prioritario debería ser la negociación de los precios de los tratamientos y los dispositivos más modernos". Según su postura, "no resulta útil fomentar la prevención o la vacunación si las grandes farmacéuticas desarrollan nuevos fármacos a los que los pacientes no pueden acceder porque los gobiernos no lo permiten por motivos económicos".
Desigualdad en el acceso
La brecha en la equidad terapéutica centró gran parte del debate parlamentario. Se denunció que una paciente con cáncer de mama en Europa del Este no debe estar perjudicada respecto a una ciudadana de otra región en cuanto al acceso a dispositivos y fármacos necesarios. Los grupos parlamentarios instaron a la Comisión a participar activamente en la negociación de precios para evitar que las desigualdades en el acceso al diagnóstico y al tratamiento se cronifiquen en el continente.
Desde las filas socialistas, Vytenis Andriukaitis, cuestionó la coherencia de calificar el plan oncológico como prioritario mientras se ejecutan recortes millonarios en un contexto de crisis. Se planteó la necesidad de que la financiación esté garantizada y se reclamó que los 1.000 millones de euros detraídos se recuperen en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP). Según esta visión, la reducción de fondos hace difícil prever la efectividad de las acciones y provocará retrasos en su aplicación.
Desde Patriots, Lauren Castillo aseguró que la Comisión Europea, "culpa a los Estados miembros y los acusa de nuestra suficientemente implicados; sin embargo, la Comisión tiene que hacerse cargo de su propia responsabilidad, que es la de apoyar y coordinar las medidas de este plan. Hay que empezar a darle prioridad a las acciones a nivel europeo, al cáncer", aseguró.
Coordinación y rendimiento
La auditoría también reveló que más de la mitad de los Estados miembros notificaron tendencias negativas en la detección precoz y el tratamiento. A pesar de que se valoraron positivamente hitos como la creación de planes nacionales y el uso de la inteligencia artificial en la detección, la falta de un marco de seguimiento con indicadores de rendimiento basados en resultados reales de salud debilita el proyecto.
Ante la falta de rendición de cuentas, se propuso un refuerzo de la relación entre la financiación comunitaria y las iniciativas nacionales. La futura versión del plan debería centrarse en menos iniciativas pero que sean interoperables y escalables a nivel internacional. En este sentido, se reclamó una gobernanza coordinada que evite la duplicación de plataformas y aplicaciones que no aportan valor añadido a la práctica clínica.
Prevención y tabaco
En el ámbito de la prevención, el debate abordó la meta de alcanzar una generación libre de tabaco, definida por una prevalencia inferior al cinco por ciento para 2040. Sin embargo, se constató que las cifras actuales se mantienen en torno al 25 por ciento, con un preocupante aumento del consumo de productos de nicotina entre los jóvenes. Se instó a la Comisión a agilizar la propuesta de directiva para estos productos y a mejorar la aplicación del convenio marco sobre el control del tabaco.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomendó a la Comisión mejorar la recolección de datos y priorizar las acciones en colaboración con los Estados miembros. La respuesta de la institución comunitaria, que aceptó las recomendaciones, enfatizó que la sanidad es una competencia mayoritariamente nacional, aunque se comprometió a reforzar las sinergias para garantizar que el plan sirva de modelo para otras estrategias de salud pública.



Lilisbeth Perestelo:
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad:
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.:
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía:
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE):