“Exigiremos al gobierno de la nación un nuevo marco de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para la sostenibilidad de los servicios esenciales”, así reza el punto noveno del acuerdo que Partido Popular y Vox han alcanzado en Islas Baleares y que permitirá a la popular Marga Prohens gobernar en solitario.
Esta es una de las 110 medidas programáticas programáticas que contiene el acuerdo y que persigue “un cambio en las actuales políticas”, que ha venido realizando el anterior Gobierno de Francina Armengol. El acuerdo se basa en el compromiso de Vox a dar estabilidad al nuevo Gobierno de Marga Prohens con el compromiso de no presentar en toda la legislatura enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad siempre y cuando se cumplan todos los puntos del citado acuerdo.
El documento programático desarrolla las cinco líneas básicas acordadas el por ambas formaciones el pasado 19 de junio de 2023 a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, las mejoras de los servicios sociales y la sanidad pública, la protección de la mujer y la seguridad de los ciudadanos de Balears, y permite dar cumplimiento al programa de gobierno con el que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones del 28 M.
El plano financiero afecta de forma decisiva a la financiación de la sanidad pública, probablemente, junto con Educación y políticas sociales, los tres principales conceptos de la financiación autonómica en todas las CC.AA.
La revisión del modelo de financiación, algo que siempre se ha mantenido desde Baleares, especialmente cuando el Ejecutivo de las islas no coincidía en color con el nacional, se realizará bajo “los principios de solidaridad y cohesión y que atiendan a criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante o la insularidad y respete la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal”.
Igualmente el nuevo Gobierno balear “reclamará la compensación de las desventajas que implica la insularidad para los ciudadanos y las empresas de Baleares”. Si bien en el plano sanitario se va más allá y se plantea, además de la reivindicación nacional, una mirada a la gestión propia.
Así el acuerdo señala la obligación de “blindar” el presupuesto sanitario y realizar una auditoría en el Sistema público de Salud “que permita detectar y corregir las ineficiencias de gasto”, del anterior ejecutivo. Esta medida se llevará a cabo en el ejercicio 2024.
En el resto de medidas de carácter sanitario, estas no difieren mucho de las ya presentadas en el acuerdo previo firmado el pasado día 19 y que incluyen “una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios”, si bien ahora se añade “reclamando al Gobierno de España un complemento de insularidad”, así como “la eliminación del requisito lingüístico”.
El apoyo a la salud mental, que “será uno de los pilares del sistema sanitario público con atención especial a la lacra del suicidio y a la soledad no deseada” y el desarrollo del plan de infraestructuras sanitarias “que permita garantizar la atención que necesitan y merecen los ciudadanos en cada una de las islas”.
Nicolas Gonzalez Casares: