El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en relación al proyecto piloto firmado el pasado mes de marzo entre este ministerio y los de Sanidad e Igualdad, con el CGCOF para el desarrollo de actividades sanitarias en las zonas en riesgo de despoblamiento, a través de las farmacias rurales en todo el país.
En una reunión con el secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, en nombre de la ministra del ramo, Teresa Ribera, los representantes del CGE han manifestado que “este programa supone financiar con fondos públicos unos establecimientos privados para ejercer unas funciones que ya forman parte de la cartera pública de servicios en Atención Primaria”.
Igualmente han indicado que este tipo de iniciativas “suponen externalizar y privatizar, en lugar de reforzar la sanidad pública, implican una clara vulneración de las leyes que delimitan las competencias profesionales”.
El Consejo asegura que “la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, la gestión de los problemas de salud y el seguimiento de los pacientes se lleva a cabo por los profesionales de los Equipos de Atención Primaria, en los que, por supuesto, no se integran los farmacéuticos de las oficinas de farmacias rurales”.
En la reunión, el vicepresidente III, José Luis Cobos, y el secretario general del CGE, Diego Ayuso, han manifestado a Boya que los problemas de la España rural, con problemas de acceso a los servicios públicos, “no puede solucionarse mediante la derivación de funciones sanitarias a establecimientos privados y con ánimo de lucro, aunque, por supuesto, desempeñen un papel fundamental en la dispensación de medicamentos”.
Desde el ministerio, según indica el CGE “se aclara que el carácter de esta formación o información que pudiera emanar de las farmacias rurales sería más social que sanitario -al contrario de lo manifestado por los órganos de representación de los farmacéuticos”. Igualmente el secretario de Esta ha manifestado, según indican los representantes enfermeros que, “en cualquier caso, la Consejería de Sanidad, quien tiene las competencias y la capacidad para juzgar estas actuaciones, determinará si estas exceden o no las competencias que las leyes establecen para los farmacéuticos”.
José Luis Cobos, vicepresidente III del CGE, asegura que “los problemas de acceso a servicios básicos en algunas zonas de España, a la Sanidad en este caso, no pueden solucionarse externalizando ni privatizando actuaciones propias de médicos y enfermeras en el marco de nuestra sanidad pública. Es un error derivar esas funciones a establecimientos particulares y con intereses comerciales -y encima financiarlo con fondos públicos- en lugar de reforzar la Atención Primaria y a sus profesionales”.
Igualmente indica que “no consentiremos que se menoscaben las funciones que la ley atribuye a las enfermeras y la educación para la salud es una de ellas, algo crucial para el bienestar y la calidad de vida de la población ahora mismo y en un futuro”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: