Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias son, según una investigación liderada por la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), las cinco comunidades autónomas españolas en las que los médicos de los centros de atención a las adicciones no tiene acceso al Módulo Único de Prescripción (MUP), un módulo que integra Atención Primaria, Hospitalaria y Emergencias y que permite la prescripción de fármacos que requieren un seguimiento médico estrecho debido a su naturaleza específica y su potencial impacto en patologías complejas, como las adicciones y la patología dual; así como tener a disposición de cualquier profesional prescriptor el histórico de prescripción de un paciente en oficina de farmacia. En ese histórico se incluye la medicación activa, los cambios en la misma, y las cancelaciones o anulaciones cautelares y definitivas, existiendo trazabilidad completa de todas estas acciones.
“Las desigualdades en el acceso a los MUP están relacionadas con la organización descentralizada del sistema sanitario en España. Cada comunidad autónoma gestiona sus propias políticas sanitarias, lo que resulta en una aplicación desigual de los protocolos de prescripción y acceso a tratamientos específicos. Al final, estas desigualdades generan barreras para los médicos que atienden a pacientes con adicciones y patología dual, impidiéndoles acceder a medicación vital y, en muchos casos, dejando sin control la historia clínica del paciente”, lamenta el doctor Pablo Vega, vicepresidente de la SEPD.
Para el experto, en el contexto de las adicciones, como ocurre también en otras enfermedades mentales, el acceso por parte de los profesionales médicos al MUP es “esencial” porque permite personalizar los tratamientos y abordar necesidades específicas como la estabilización psicopatológica y el control de otras enfermedades mentales. “Su acceso garantiza que los pacientes reciban tratamientos efectivos y seguros, evitando complicaciones, una mala utilización y reduciendo el riesgo de recaídas. Sin embargo, cuando los médicos no tienen acceso a estos fármacos ni información sobre la historia clínica completa de los pacientes -como prescripciones previas o medicaciones activas-, se dificulta el abordaje integral de los trastornos adictivos y otros trastornos mentales, la patología dual”, argumenta Vega.
Según Pablo Vega, la imposibilidad de acceso al MUP por parte de los médicos de los centros de adicciones tiene “graves consecuencias” para los pacientes. Entre ellas, el vicepresidente de la SEPD destaca la falta de continuidad asistencial, el aumento de complicaciones y recaídas; y la estigmatización y desmotivación de los pacientes, ya que la falta de acceso a tratamientos efectivos “refuerza la percepción de abandono en estos pacientes, reduciendo su confianza en el sistema sanitario y su motivación para continuar con el tratamiento”.
La situación, añade el experto, también tiene un “fuerte impacto negativo” en los médicos de adicciones de las cinco comunidades que siguen sin dar acceso a éstos al MUP. Entre las consecuencias, una importante limitación profesional al no poder ejercer plenamente su labor, la falta de información clínica para la toma de decisiones, una mayor carga emocional y profesional -por la frustración y la impotencia que genera no poder ofrecer un tratamiento adecuado-; y un incremento de la carga de trabajo al necesitar buscar alternativas menos eficaces, derivar a los pacientes o gestionar complicaciones que podrían haberse prevenido.
Desde la SEPD, en ese sentido, se solicita la adopción de tres medidas urgentes para hacer frente a esta problemática. Por un lado, el acceso universal al MUP por parte de todos los médicos de los centros de adicciones para que puedan prescribir fármacos para adicciones sin restricciones y para que tengan acceso a la historia clínica y las prescripciones activas de los pacientes. Por otro, la unificación de políticas sanitarias para eliminar las desigualdades territoriales en el acceso a medicamentos y garantizar la continuidad asistencial. Y, por último, el reconocimiento de la labor que se realiza en los centros de adicciones y la dotación a estos centros con los recursos necesarios para realizar el trabajo de manera efectiva.
“Estas medidas son esenciales para garantizar una atención de calidad y segura para los pacientes con adicciones y patologías dual, y para proteger a los profesionales que los atienden”, afirma Pablo Vega, que considera que el estudio aún en desarrollo y encabezado por la doctora Ana Benito, vocal de Psicología Clínica de la Sociedad Española de Patología Dual, es un intento por parte de la SEPD de “ayudar al sistema nacional de salud a moverse hacia delante en una integración de la salud mental que unifique las adicciones y los otros trastornos mentales”.