El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes el decreto por el que se crea el Observatorio de Agresiones a Profesionales, un órgano colegiado adscrito al Servicio de Salud (Sespa) que se encargará de evaluar las situaciones de riesgo en centros y servicios de la red sanitaria pública.
La norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) consta de nueve artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales.
El observatorio tiene por finalidad analizar la situación de riesgo de agresiones a profesionales del ámbito sanitario. No obstante, también servirá de foro de diálogo entre el Sespa, las organizaciones sindicales y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, propondrá actuaciones de prevención e intervención para mejorar la relación entre el personal sanitario y la ciudadanía.
Además de la puesta en marcha de este órgano, el Sespa impulsará una campaña de sensibilización e información para prevenir actos violentos. Esta iniciativa va dirigida tanto a la plantilla del sistema sanitario como a las personas usuarias y cuenta con la colaboración de los equipos directivos y de los servicios de prevención de las diferentes áreas.
El Sespa registró el año pasado 365 agresiones a profesionales, lo que supone una reducción del 12% respecto a 2023. En total, se tramitaron 21 denuncias. El 60% de las agresiones se produjeron en los hospitales y el 84% de las víctimas fueron mujeres, mayoritariamente personal de enfermería y medicina. Respecto a la edad, en el 59% de los casos las agresiones afectaron a trabajadores y trabajadoras de 35 a 55 años.
Los lugares en los que se producen ataques con mayor frecuencia son las consultas hospitalarias y las plantas de hospitalización, con 96 cada una, seguidas por la red de salud mental y las unidades de Psiquiatría.
Los registros del Sespa reflejan que el 78% de los agresores eran pacientes –hombres en su mayoría- mientras que el 22% restante fueron familiares o acompañantes. Además, 156 ataques fueron provocados por personas reincidentes en esta conducta, una tendencia que se ha mantenido en los dos últimos años.
Las demandas de las personas usuarias suponen la principal causa de agresión, seguidas por motivos relacionados con los propios actos sanitarios o administrativos realizados.
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: