La palabra "consenso" ha sido probablemente el término más usado para referirse al proyecto de Ley de Ordenación Farmacéutica de La Rioja, que este mismo lunes ha arrancado su tramitación legislativa en la Comisión de Salud y Políticas Sociales del Parlamento de La Rioja. Aunque aún no hay plazos determinado para su aprobación (el Gobierno autonómico estimó su entrada en vigor en el cuarto trimestre de este año), lo cierto es que los partidos políticos no parece que tengan intención de entrar en debates excesivamente enconados.
El inicio de las sesiones ha venido marcado este lunes por la comparecencia de profesionales del mundo farmacéutico. En la sesión vespertina ha intervenido Mario Domínguez, secretario del colegio y expresidente de la entidad, acompañado de la directora del CIM Aránzazu González y por el presidente del COF, Miguel Ángel García, que ha seguido las evoluciones del debate desde la zona de invitados.
Domínguez ha indicado que la norma riojana, que sustituirá a la actual ley, con casi 30 años de antigüedad, "es una ley buena, técnicamente buena, y que sienta las bases de los desarrollos posteriores a medio y largo plazo que necesita la farmacia riojana".
Domínguez tuvo una especial referencia al ámbito rural, sobre el que la nueva ley quiere hacer una especial referencia. La Rioja es actualmente la segunda comunidad con mayor número de farmacias con viabilidad económica comprometida, la totalidad de ellas situadas en el ámbito rural y especialmente en zonas de riesgo elevado de despoblación. En ese sentido abogó por la creación de botiquines que se encuentra en el actual proyecto de ley e indicó que estos sistemas, que pueden ser gestionados por oficinas de farmacia cercanas, "es la forma de garantizar a largo plazo la atención farmacéutica en todos los municipios", puesto que en muchos de ellos la puesta en marcha de una farmacia, "es inviable".
Desde los grupos políticos se manifestó una sintonía importante con las manifestaciones del secretario del COF, siendo el representante de Podemos-IU, Carlos Ollero, quien aportaría una mayor desviación al mensaje conjunto de la Comisión, señalando su posición contraria "al actual modelo de farmacia" y abogando por "un sistema público" en la prestación de este servicio. Desde el resto de los grupos hubo reconocimientos "al carácter técnico de la norma", por parte de Héctor Alacid (Vox) y también por parte del PSOE, cuya parlamentaria, María Somalo, indicó una cierta preocupación por el desarrollo de la norma "en los ámbitos que atañen a Farmacia Hospitalaria y a prestaciones en residencias". Dentro del mismo grupo, su compañero Miguel González Legarra manifestó su interés por conocer cómo esta ley puede servir de garantía para hacer frente a los desabastecimientos, y si es preciso buscar mejores alternativas en la distribución dentro del ámbito rural.
Desde el PP, el diputado Alberto Olarte destacó que por el tono del debate político esta ley viene precedida de un amplio consenso y lo atribuyó a su capacidad para aunar la vertiente social y asistencial.
27 años
La nueva ley de Farmacia sustituirá a la actual que sigue vigente desde 1998, el nuevo texto, aspira a recoge las necesidades expuestas por los profesionales del sector, así como toda la experiencia acumulada en materia farmacéutica y las normativas estatales y europeas aprobadas en estos 27 años.
Además presta una especial atención a la farmacia rural, ya que “una de las prioridades de la acción del Gobierno de La Rioja en esta legislatura es asentar población en los pequeños municipios, para lo cual es imprescindible dotar a estas localidades de servicios públicos de calidad, entre ellos, una atención farmacéutica cercana y eficiente”, según explicó el pasado mes de marzo la consejera María Martín.
La nueva norma flexibilizará el horario de las farmacias, regula la figura del botiquín farmacéutico, asó como las de nuevas funciones y servicios de las oficinas de farmacia. En ese sentido ha sido valorada como una norma que abre camino, en especial en zonas rurales y despobladas, a nuevos servicios farmacéuticos profesionales, que se deberán conveniar con la Administración.