La agenda social, entre ellas la agenda sanitaria han sido dos de los elementos de los que el presidente Pedro Sánchez ha tirado en su discurso con el que ha realizado el balance del curso político que ahora termina. En pleno ecuador de la legislatura, tocado por los escándalos de corrupción que jalonan la actualidad política y con serias dificultades para establecer una mayoría parlamentaria con sus apoyos de 2024, el presidente ha tirado del estado de bienestar y de la acción económica, como elementos clave en su acción política en estos dos años. Igualmente, con respecto a su continuidad ha asegurado que “las legislaturas duran cuatro años” y ha manifestado su “compromiso” de conseguir acordar unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Serían los primeros que consigue en la legislatura, tras dos años de cuentas prorrogadas.
Lo cierto es que la gestación de los Presupuestos Generales que directamente están vinculados a la gestación de los presupuestos de cada comunidad autónoma y por tanto a las partidas con las que las CC.AA. deben garantizar la atención sanitaria, están por el momento un tanto lejanos. Al menos si se sigue la tónica general que acompaña a las cuentas públicas. Todos los años, durante los seis primeros meses se publica la orden de elaboración y generalmente, para este mes julio que está a punto de concluir, el Consejo de Ministros anuncia el límite de gasto financiero (techo de gasto), los objetivos de estabilidad presupuestaria y convoca a las CC.AA. al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por el momento, aunque todo puede cambiar, esto no ha ocurrido.
En el plano social y sanitario Sánchez ha marcado un discurso en plena clave partidista de “derechos frente a recortes”, si bien, no ha sido demasiado prolijo en hechos concretos; se ha referido a los logros de la coalición de Gobierno en términos de “la mejoría de los servicios de salud mental”, ha recordado la reciente, y complicada aprobación, de la ley para la creación de la Agencia Española de Salud Pública (Aesap) y al refuerzo en la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada a lo largo de los dos últimos años.
En ese sentido ha recordado la inversión de 39 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas para reforzar la atención en patologías mentales, el aumento en 11% de las plazas PIR en la Formación Sanitaria Especializada y subrayó el compromiso del Gobierno en seguir articulando medidas para dar respuesta “a una incidencia que afecta cada vez a más ciudadanos”. También ha recordado la aprobación del Plan Veo para la adquisición de gafas en menores de 16 años
“Queda aún mucho trabajo por hacer”, ha señalado el presidente del Gobierno, en relación a los dos años que considera tiene aún por delante la legislatura y ha expresado su convencimiento de que España seguirá viviendo en este periodo “una de las épocas de mayor prosperidad democrática”.
En ese sentido, de cara a las acciones que el Gobierno debe abordar en el futuro próximo. Entre ellas quedan como pendientes superar la reforma sobre el Estatuo Marcos, el desarrollo de la Ley ELA, la ley para las organizaciones de pacientes, o las referidas a salud pública, tanto en tabaco como en alcohol de menores.
En el plano más político queda también la Ley de Gestión Pública del SNS y la ley de universalidad del SNS, y ya dentro del plano fármacéutico, la Ley de Medicamentos, el desarrollo de la evaluación de las tecnologías sanitaria, o la ley de salud digital, aun prácticamente sin esbozar, son algunas de las cuestiones pendientes para estos dos años.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: