Con un cierto margen de retraso en relación a los procedimientos habituales, el Gobierno de España inicia este miércoles la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 con la publicación en el BOE de la Orden Ministerial correspondiente. Así lo ha asegurado este martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministros, donde ha indicado que el objetivo de las cuentas públicas para el próximo año estarán dedicadas en gran medida al fortalecimiento de los servicios públicos.
La ministra ha señalado que estos presupuestos se presentarán al Parlamento independientemente del apoyo político con el que cuenten en ese momento, si bien no ha entrado a valorar las consecuencias políticas que podría tener para el actual Ejecutivo, el rechazo de las cuentas públicas. En lo que va de legislatura el Gobierno no ha sacado adelante ningún presupuesto, llegando incluso en los correspondientes a este año a no presentarlos ante el Legislativo.
Montero se ha comprometido a “trabajar arduamente para persuadir a los otros partidos de la importancia y beneficios de las nuevas cuentas públicas” y aseguró que esta vez “estoy convencida de que las van a compartir”.
La necesidad de unas nuevas cuentas, ya que las actuales se mantienen prorrogadas desde 2022, es evidente en todos los sectores, pero muy especialmente en el ámbito sanitario. No sólo la propia financiación autonómica debe quedar consignada en la Ley de Presupuestos anual, sino que los propios proyectos que el Ministerio de Sanidad quiere sacar adelante, dependen en gran medida de los PGE: Cuestiones como la financiación de la Ley ELA, la Agencia Estatal de Salud Pública, las condiciones laborales que puedan emanar del nuevo Estatuto Marco actualmente en negociación, o la apuesta por la aplicación de los programas preventivos y de nuevas prestaciones, dependen directamente de la aprobación de estas cuentas.
Condonación de la deuda
Por otro lado, en la reunión del Consejo de Ministros de este martes el Gobierno ha anunciado también la aprobación del Anteproyecto de Ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de las Comunidades Autónomas.
Esta norma, que ha marcado fuertes polémicas entre el Gobierno y la oposición, liberará 6.700 millones de euros del pago de intereses a las regiones y está dirigido, según indica el Gobierno en una nota “a corregir el sobreendeudamientos al que se vieron abocadas las CC.AA. durante la crisis financiera”.
La norma ya fue aprobada en marzo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde el Gobierno tiene voto mayoritario en las decisiones y contó con el plantón de las once comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Esta medida tiene su origen en las exigencias realizadas por los socios independentistas catalanes para facilitar la creación del actual Gobierno. Según explica el Ejecutivo, Andalucía y Cataluña serán las comunidades más beneficiadas, suponiendo el 43,1% del total de la condonación. No obstante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha señalado que "es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España".
Si bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una entrevista en TVE el pasado lunes vinculó la condonación a la necesidad que tiene el Ejecutivo de “cumplir con los compromisos parlamentarios". Pedro Sánchez además aseguró que la condonación permitirá que las comunidades "dejen de pagar intereses de la deuda y podrán dedicarlo a sanidad, educación, políticas de vivienda".
Desde el PP se ha calificado este anunció como “un ejercicio de irresponsabilidad política sin precedentes”. En palabras del secretario general de esa formación política, Miguel Tellado, el nuevo anteproyecto “rompe la igualdad entre los españoles”.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha sentenciado que ninguno de los líderes autonómicos populares aceptará la condonación de la deuda que ha aprobado el Gobierno, aseverando que "no entrarán en esa trampa" aprobada por el Consejo de Ministros. Muñoz incluso ha señalado que, en su época de consejera en Andalucía, se negó “a realizar una refinanciación de la deuda como ha aprobado esta mañana”.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: