Las Cortes de Castilla La Mancha preparan el debate de la Ley de Ordenación Farmacéutica 

Las Cortes de Castilla La Mancha abordarán en el primer tramo de este 2026 la tramitación del proyecto de ley de Ordenación Farmacéutica de la comunidad. Así se desprende del plan normativo para 2026 que el pasado viernes dio a conocer la secretaria de la Mesa, Charo García Saco y en el que el proyecto farmacéutico figura como uno de principales asuntos que abordará la Comisión de Sanidad del parlamento castellano manchego en el próximo periodo de sesiones.

Tras las sesión celebrada el pasado día 12 la mesa del parlamento ha acordado admitir a trámite un total de 49 enmiendas del total que han presentado los partidos. Habida cuenta de la relación de fuerzas que presentan las Cortes manchegas, donde el PSOE mantiene la mayoría absoluta, no cabe esperar cambios sustanciales en el fondo y forma del proyecto que aprobó el Gobierno de García Page el pasado mes de noviembre. No obstante, todas las formaciones políticas con representación en la Cámara (PSOE, PP y Vox) han presentado sus modificaciones al proyecto, la mayoría de ellas dirigidas a precisar algunos aspectos claves contenidos en el proyecto de ley.

Las enmiendas atienden en gran medida a las modificaciones en los procesos para la apertura de nuevas oficinas, con cambios en los baremos y dando mayot transparencia al proceso,  el desarrollo de la farmacia rural añadiendo medidas a las ya planteadas en el anteproyecto, la gestión de traslados y el aumento de competencias profesionales de los farmacéuticos.

El objetivo del proyecto de ley del Gobierno, tal y como aseguró la portavoz del Gobierno castellano manchego el pasado mes de noviembre es “poner al día la normativa para adaptarla a los cambios que se han producido a nivel estatal”, de manera que, como ha señalado la consejera, “aseguramos que el sistema farmacéutico de Castilla-La Mancha funcione con las mismas garantías que en el resto del país”. 

Otro aspecto clave es la regulación de la asistencia farmacéutica en los centros penitenciarios, de manera que se puedan crear servicios de farmacia dentro de estos centros para que las personas internas reciban el mismo nivel de atención que el resto de la población.

Por otro lado introduce la definición de alerta, que hasta el momento estaba planteada a nivel nacional y que, a partir de ahora, se establece también en la normativa regional. 

La portavoz aseguró también que la nueva ley mejora los servicios farmacéuticos en los centros sociosanitarios, por lo que las residencias o los centros residenciales, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, con más de 100 camas, tendrán la posibilidad de establecer un servicio de farmacia propio. Pero también, “y esto es una novedad”, se incorpora la posibilidad de “establecer depósitos de medicamentos vinculados al Sescam, que faciliten la asistencia en este sector”, ha señalado Padilla, quien ha recordado que el ámbito de la atención y los cuidados ha crecido de manera exponencial en los últimos años. “Atiende a muchísimas personas dependientes, quienes suelen recibir una medicación compleja como lo son los tratamientos crónicos y muchos centros no tienen capacidad de tener un servicio de farmacia propio”.

Finalmente, para dar facilidades a la farmacia rural, la portavoz ha expresado que se elimina el requisito de distancia mínima con el centro de salud en aquellas poblaciones con menos de 1.500 habitantes. Por otro lado, para localidades con alta densidad de población y que no cuenten con locales disponibles, se quitará el requisito de distancia mínima entre dos farmacias.