Padilla sobre el APL de Gestión Pública: “Que cada cual vote en consecuencia”

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, ha sido expuesto a audiencia e información pública y se ha abierto el periodo de alegaciones a la nueva norma. Con este ,se cumple el paso inicial de la norma antes de acudir al Congreso de los Diputados donde deberá afrontar una tramitación que, en estos momentos, se prevé cuanto menos complicada.

El propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señalaba en redes sociales la complejidad del viaje de esta norma en una Cámara Alta donde, al menos de partida, no garantizan al Gobierno una mayoría clara por su aprobación. "Que cada cual vote en consecuencia", señalaba Padilla en redes.

Padilla, indicaba a través de las redes sociales en diez puntos, el contenido y el argumentario que se marca el Gobierno sobre la norma. En primer lugar señala la limitación de su ámbito de aplicación a los centros dependientes del SNS, se basa en un criterio de universalidad y establece “la total preferencia” por la gestión pública.

Igualmente señala los tres casos a los que el anteproyecto reduce la colaboración con la sanidad privada (no ser posible la prestación pública directa, que la financiación sea sostenible y eficiente y que se garantice la sostenibilidad social del servicio).

Además, valora la gestión de concesiones indicando que esto supone “decir adiós a ligar construcción con gestión”, si bien esto podrá ser obviado si una administración sanitaria justifica la necesidad de la gestión indirecta. Por otro lado, se crea una “asesoría a las CC.AA. que quieran revertir la privatización”, se “establece un criterio de desempate para priorizar, en los casos de gestión indirecta, a los centros sin ánimo de lucro frente a los que sí lo tengan”.

Todo ello hace señalar a Padilla que la norma es  “rigurosa en lo técnico y firme en el planteamiento político”. Igualmente aclara que no tiene un carácter retroactivo: para evitar “obligar a las CCAA al pago de (mil)millonadas en términos de lucro cesante”. En suma, concluye el secretario de Estado: “Esta ley es el principio del fin de la privatización en España y es un game-changer en el panorama sanitario. Y aguanta tanto la pancarta como el BOE, como ha de ser”.

No constante a reglón seguido señala: “Ahora toca mejorarla durante la audiencia pública y llevarla al Congreso para que cada cual vote en consecuencia”.

Ley ideológica

Precisamente esa referencia al uso de la pancarta que hace el secretario de Estado es una de las principales críticas a la ley que se lanzan, fundamentalmente, desde los sectores más afectados.

Por un lado, la norma ya se ha tachado de “cortina de humo” basada en intereses de partido más que en una norma que pueda tener un recorrido legal.

Desde el sector privado, tanto ASPE como Fundación Idis han centrado en un primer término en ese carácter ideológico, pero acompañado también por lo que consideran un ataque a la competencia de las comunidades autónomas. 

“Es una iniciativa que constituye un ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas y que nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance", señalaban el pasado martes desde ASPE.

La referencia autonómica es un eje clave en el recorrido parlamentario de la norma, donde, al menos, Junts ha señalado su negativa a apoyar esta norma si no se respetan las competencias autonómicas. Es preciso recordar que actualmente Cataluña destina prácticamente un 20% de su presupuesto a este tipo de conciertos y concesiones. Por el lado contrario, a finales del pasado mes, la portavoz de Podemos, Jone Belarra, acusaba a la ministra de Sanidad, Mónica García de “darnos gato por liebre”, al decir que va a derogar la Ley 15/1997. Podemos se ha manifestado a favor del carácter retroactivo de la norma para la eliminación de concesiones y conciertos.