Garantizar el suministro y la producción de los productos sanitarios en Europa son los dos ejes que han llevado este jueves al Parlamento Europeo a solicitar una motaria en la aplicación de varios de los requisitos que marca Directiva Europoa sobre el Tramiento de Aguas Resiudales Urbanas. La resolución, que ratifica varios de los puntos que se han venido defendiendo desde el sector industrial, hacen especial refrencia a la responsabilidad apliada del productor (EPR).
Con todo, la iniciativa aprobada por la Eurocámara con 294 votos a favor, 245 en contra y 28 abstenciones, reafirma "su firme apoyo a los objetivos medioambitales y a la implementación de la directiva" que fue aprobada en el mes de enero. No obstante precisa que "la necesidad de garantizar la seguridad del suministro de medicamentos en la Unión Europea".
Según el texto adoptado, los costes asociados al tratamiento avanzado de aguas residuales "no deberían trasladarse a los contribuyentes ni a los consumidores de agua". La resolución apunta que estos costes deben ser asumidos "de manera justa y proporcionada por aquellos sectores que contribuyen a la contaminación". Por ello, señalaron que la responsabilidad ampliada del productor (EPR) es la herramienta más eficaz para implementar el principio de que quien contamina paga. A pesar de esto, los parlamentarios incidieron en que la normativa "debe prever suficiente flexibilidad y medidas proporcionadas para asegurar que las obligaciones financieras no comprometan la asequibilidad, disponibilidad o accesibilidad de los medicamentos".
Nueva evaluación de impacto antes de 2026
Por este motivo, los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que elabore una nueva evaluación de impacto antes de finales de 2026. Este estudio deberá identificar la lista de sustancias presentes en las aguas residuales urbanas, verificar los costes del tratamiento cuaternario y la atribución de responsabilidad a los sectores relevantes. Asimismo, el informe tendrá que evaluar el posible impacto en la disponibilidad y accesibilidad farmacéutica. Hasta la finalización del estudio y la evaluación de sus conclusiones, el Parlamento Europeo solicitó una suspensión temporal, bajo la fórmula 'stop the clock', de las disposiciones EPR y de las obligaciones financieras relacionadas.
La directiva revisada, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, exige a los Estados miembros que las ciudades recojan y traten adecuadamente las aguas. La norma introdujo la EPR para los fabricantes de productos farmacéuticos y cosméticos, obligándolos a cubrir al menos el 80% de los costes de eliminación de microcontaminantes. La legislación prevé una implementación gradual del tratamiento cuaternario que se extiende hasta 2045, con un primer hito en diciembre de 2033, cuando el 20% de las plantas más grandes y el diez por ciento de las más pequeñas necesitarán ser modernizadas.
Lilisbeth Perestelo: 
