El Gobierno de Andalucía va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario. Según anunció el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, esta regulación se convertirá en la primera iniciativa parlamentaria que tramitará la Consejería cuando comience el próximo periodo de sesiones. El objetivo principal del texto normativo es articular una respuesta rápida, eficaz y que posea un efecto disuasorio ante las conductas violentas dirigidas hacia el personal de los centros públicos de la comunidad autónoma.
La futura norma se presentó formalmente durante la reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Tal y como detalló el consejero, la ley recogerá un régimen sancionador específico orientado de forma directa a la protección de los trabajadores. El marco legal contemplará tanto la agresión física como la violencia verbal, que incluye insultos y vejaciones, además de las amenazas, las coacciones y los ataques cometidos a través de medios digitales o redes sociales.
Estas penalizaciones económicas se regularán en función de la gravedad del acto, distinguiendo entre infracciones leves o graves, y podrán alcanzar un importe máximo de 60.000 euros. De forma complementaria, el texto jurídico preverá la aplicación de medidas accesorias de control organizativo y asistencial. Entre estas herramientas destaca la restricción o el condicionamiento del acceso a las dependencias sanitarias, el cambio de centro o de profesional médico asignado previamente al agresor, así como la coordinación obligatoria con las medidas judiciales que se adopten en los tribunales.
Inversión en dispositivos de seguridad
El plan normativo se complementa con las actuaciones preventivas que desarrolla la administración autonómica a través del denominado Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. Esta estrategia contempla actividades formativas para los profesionales y campañas de concienciación ciudadana en el interior de los propios recintos. Asimismo, la Consejería consolidó figuras como el interlocutor sanitario, encargado de supervisar la evolución de los incidentes en cada provincia, y el profesional guía, implantado en distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales para coordinar las actuaciones de apoyo.
En el ámbito de los recursos económicos, la dotación presupuestaria destinada a la seguridad en los centros sanitarios andaluces experimentó un crecimiento del 60,7% durante los últimos cinco años. La partida pública evolucionó desde los 37 millones de euros consignados en el año 2020 hasta rozar los 60 millones de euros en 2025. Este volumen de financiación permitió desplegar una infraestructura técnica superior a los 50.000 dispositivos de protección en las consultas, entre los que se cuentan cámaras de vigilancia, pulsadores de aviso y sistemas de alarma individuales.
Por otra parte, la administración andaluza reforzó la actividad de la Unidad Sócrates, el Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios, mediante la ampliación de la plantilla de la Policía Adscrita. Este grupo policial sumó 694 entrevistas con directores de centros sanitarios y vigilantes privados para pautar alertas preventivas ante riesgos potenciales.
Balance de siniestralidad asistencial
La necesidad de esta ley sectorial se fundamenta en el balance estadístico de 2025, periodo en el que Andalucía notificó 1.976 agresiones a sus profesionales, divididas en 387 de carácter físico y 1.589 de índole verbal o digital. A nivel nacional, el conjunto de las comunidades autónomas españolas sumó un total de 18.563 incidentes registrados. La tasa de incidencia andaluza se situó en 15,41 notificaciones por cada mil profesionales, una cifra que se posiciona nueve puntos por debajo de la media reflejada en el Sistema Nacional de Salud, que alcanzó las 24,37 denuncias.
El análisis demográfico de los datos andaluces revela que el 74% de las agresiones se perpetraron contra mujeres, frente al 26% registrado en hombres. Los servicios técnicos identificaron un incremento en las acciones cometidas por usuarios que presentan patologías mentales o deterioro cognitivo severo. Respecto a los desencadenantes en los equipos de Atención Primaria, el 52% se vinculó directamente a las demandas del propio usuario. En los hospitales, esta causa supuso el 22% de los casos, seguida de un 21% motivado por el desacuerdo con el trato profesional.
El entorno físico donde se concentraron estos episodios violentos varía según el nivel asistencial. En Atención Primaria, el 33% de los sucesos se localizó en la consulta médica habitual. En el entorno hospitalario, la mayor conflictividad se desplazó al interior de las habitaciones de los pacientes, escenario donde se produjo el 24% de los incidentes totales.
Por distribución provincial, Sevilla encabezó la siniestralidad con 569 casos en 2025, seguida por Málaga con 310, Cádiz con 282, Granada con 201, Almería con 184, Córdoba con 173, Jaén con 162 y Huelva con 95 registros. Todas las provincias andaluzas experimentaron un incremento respecto al ejercicio de 2024, con la única excepción de Cádiz, donde el volumen de agresiones notificadas descendió un 18%.
Para canalizar el diseño de futuras estrategias, el Observatorio de Agresiones constituyó cinco grupos de trabajo técnico especializados en las materias de protección institucional, evaluación e inteligencia, sensibilización comunitaria, investigación y colectivos específicos.
Lilisbeth Perestelo: 
