El debate de investidura en el Parlamento de Andalucía fijó las prioridades políticas y normativas en materia sanitaria para la legislatura autonómica. El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la próxima propuesta de una Ley de Garantía de la Sanidad Pública. Esta norma buscará blindar la prioridad del sistema sanitario andaluz mediante la obligatoriedad legal de que el presupuesto de la comunidad autónoma aumente todos los años y de que no se reduzca la plantilla de profesionales. La iniciativa pretende retirar la discrecionalidad de las cuentas sanitarias al albur del gobierno de turno para convertirlas en una obligación jurídica en beneficio de la población.
La propuesta legislativa se complementará con una reforma profunda en el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según detalló el candidato, el plan persigue modernizar una estructura creada hace 50 años que calificó de anticuada y poco operativa debido a la presencia de mecanismos obsoletos e inercias que frenan la resolución de problemas. Para articular este salto cualitativo, la administración autonómica prevé la introducción de herramientas de vanguardia tecnológica como la inteligencia artificial y la digitalización, un proceso que se diseñará de la mano de los profesionales sanitarios y de los expertos del sector.
En el ámbito de la investigación y el desarrollo sectorial, el discurso de investidura recogió el compromiso de crear un Polo de Innovación en Salud. El objetivo de esta nueva infraestructura es convertir a la comunidad autónoma en un referente europeo en investigación, tecnología y formación sanitaria. Estas medidas darán continuidad a una línea de gestión que, según los datos aportados en la cámara legislativa, incrementó la inversión por habitante en un 61% desde 2018, situando el presupuesto sanitario andaluz por encima de los 16.000 millones de euros y ampliando la plantilla en 30.000 profesionales sanitarios.
Reforma estructural y conflicto laboral
La intervención parlamentaria sirvió asimismo para analizar la situación de conflictividad laboral que atraviesa el sector a nivel nacional. El candidato llamó la atención sobre el impacto que la huelga de médicos ocasiona en la sanidad pública andaluza, donde ya se suspendieron más de 1,5 millones de actos sanitarios. Esta cifra supone una media de 60.000 cancelaciones diarias entre consultas externas, radiografías, operaciones programadas y pruebas oncológicas que afectan de forma directa a los pacientes en espera.
El conflicto de los profesionales médicos ha generado también un impacto económico directo estimado en casi 200 millones de euros, una cuantía que consumió recursos necesarios para el funcionamiento del propio sistema sanitario. Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico exigió al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad la apertura inmediata de una negociación seria y eficaz con los representantes del colectivo médico para frenar las consecuencias asistenciales del paro. Por último, la agenda social para los próximos cuatro años sumará un Plan contra la Soledad no Deseada para la detección precoz, que afectará de forma transversal a las políticas de inclusión de la comunidad.
Lilisbeth Perestelo: 
