El Consejo de Ministros acordó el pasado martes solicitar a la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. La petición del Ejecutivo abre un pulso directo con el criterio adoptado por la Mesa de la Cámara Baja, que el pasado día 8 declinó aplicar la vía rápida al calificar el texto y lo derivó al cauce ordinario. Con esta maniobra, el Gobierno busca presionar al órgano parlamentario para acortar los plazos de debate y salvaguardar el calendario del Ministerio de Sanidad ante el tramo final de la legislatura.
La decisión del Gobierno fue adelantada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en su intervención en la jornada que Diariofarma organizó sobre la Ley de los Medicamentos el pasado 14 de septiembre.
El desencuentro procede de las decisiones iniciales del órgano rector del Congreso. La Mesa concedió a la iniciativa la competencia legislativa plena en la Comisión de Sanidad, lo que ahorra la votación final en el Pleno y permite remitir el dictamen de forma directa al Senado. Sin embargo, denegó el procedimiento de urgencia que daba por descontado el departamento dirigido por Mónica García. La negativa del parlamento a acortar los plazos eliminó el margen operativo con el que contaba el ministerio para culminar la norma marco dentro del presente ejercicio.
La declaración de urgencia reduce a la mitad todos los plazos ordinarios recogidos en el Reglamento del Congreso. En un proyecto de ley, este recorte afecta al periodo de presentación de enmiendas, fijado con carácter general en 15 días, y a la elaboración del informe de la ponencia, de otros 15 días. La discrepancia más relevante entre las pretensiones del Ejecutivo y los tiempos parlamentarios se sitúa en el Senado, donde el plazo constitucional de dos meses para vetar o enmendar el texto queda reducido a 20 días naturales. En total, la vía rápida comprimiría la tramitación en algo más de dos meses, un tiempo crítico para que Sanidad pueda abordar la posterior adaptación del Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos.
El texto se halla actualmente en fase de enmiendas, cuyo plazo inicial concluye el 29 de septiembre. Durante esta etapa, los grupos parlamentarios pueden proponer cambios al articulado o registrar enmiendas a la totalidad de devolución. De presentarse estas últimas, el debate se celebrará en el Pleno antes de que la iniciativa vuelva a la comisión. La solicitud de urgencia aprobada por el Consejo de Ministros no garantiza su aplicación, ya que la potestad final corresponde a la Mesa, ni exime de la necesidad de cerrar pactos políticos con los grupos parlamentarios.
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 
Lilisbeth Perestelo: