La publicidad de medicamentos prohibidos en las grandes plataformas digitales y la ausencia de una respuesta efectiva frente a la difusión de estos contenidos llegaron al pleno del Parlamento Europeo. Durante la sesión, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares demandó a la Comisión Europea un refuerzo en la aplicación de la normativa comunitaria para actuar contra las redes sociales y buscadores que permiten la promoción de productos prohibidos o potencialmente peligrosos para la salud humana. La iniciativa de este debate partió del Grupo Socialista en la Eurocámara, a propuesta del propio Casares junto a las eurodiputadas Leire Pajín y Laura Ballarín.
El representante gallego centró su intervención en el impacto de estas prácticas y denunció la inacción de las compañías tecnológicas ante la difusión de productos no autorizados. Según expuso el parlamentario, casi la mitad de los medicamentos que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios declaró ilegales en España "continuaron anunciándose tras su prohibición oficial en soportes de gran alcance como Facebook, Instagram, Google y TikTok".
El eurodiputado incidió en que la persistencia de estos mensajes comerciales no responde a publicaciones aisladas realizas por usuarios particulares, sino a campañas de pago directo mediante las cuales las empresas propietarias de las plataformas obtuvieron beneficios económicos. Casares remarcó que las empresas cobraron por la difusión de unos anuncios cuyos contenidos vulneraban las resoluciones de las autoridades sanitarias.
La dimensión del problema no se limita al ámbito nacional español, sino que afecta al conjunto del territorio comunitario. En este sentido, durante el debate parlamentario se puso de manifiesto que en toda Europa se detectaron más de 350.000 anuncios de suplementos potencialmente peligrosos únicamente en la red social Facebook. Este volumen de publicaciones evidencia la magnitud de la comercialización y promoción ilegal de productos vinculados al cuidado de la salud en el entorno digital.
Frente a los argumentos que aluden a la complejidad técnica para supervisar el ingente volumen de contenidos difundidos en internet, el eurodiputado socialista rechazó que la escala de las operaciones sirva de justificación para evitar responsabilidades. Casares afirmó que la imposibilidad de control absoluto "no resulta creíble cuando las plataformas perciben ingresos directos por la contratación de esa publicidad."
En su alocución ante la Cámara, Casares cuestionó de forma directa la gestión de las grandes compañías digitales: “Las plataformas dicen que no pueden controlarlo todo, pero bien que cobran por esos anuncios. Dicen que es un problema técnico. No, es un modelo de negocio: cobrar por el anuncio y mirar para otro lado”.
Sanciones y plazos en la Ley de Servicios Digitales
El parlamentario recordó que el marco regulatorio europeo fija normas específicas relativas a la difusión de contenidos ilícitos en redes y motores de búsqueda. En concreto, la Ley de Servicios Digitales impone obligaciones estrictas a los prestadores de servicios intermediarios para combatir de forma activa la presencia de productos y mensajes que infrinjan la legislación vigente en los Estados miembros.
Para el eurodiputado, la mera existencia del reglamento exige una intervención inmediata por parte de los organismos comunitarios: “La Ley de Servicios Digitales es clara. Contenido ilegal significa actuar”. A partir de esta premisa, reclamó el inicio formal de investigaciones, la fijación de plazos concretos de actuación y la imposición de sanciones económicas o administrativas a las plataformas que incumplan sus deberes de supervisión.
El debate desarrollado en la Eurocámara abordó la protección de los pacientes frente a la venta en línea de medicamentos falsificados e ilegales, así como la necesidad de reforzar la aplicación de las normas y la cooperación transfronteriza entre países miembros. La iniciativa socialista situó el foco en el contraste entre el beneficio mercantil de las corporaciones tecnológicas y el riesgo para la seguridad sanitaria pública.
El eurodiputado socialista concluyó su discurso en el pleno exigiendo la primacía del marco legal sobre las exigencias comerciales de las plataformas: “Queremos investigaciones, plazos, sanciones, porque con la salud de los europeos el beneficio nunca puede estar por delante de la ley”.
Lilisbeth Perestelo: 
