La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) ha publicado las conclusiones de su grupo de trabajo reunido en el informe ‘Safe reuse and redistribution of medicines: Report from a FIP insight board’. El dictamen sitúa la seguridad del paciente como principio irrenunciable frente a cualquier iniciativa orientada a reducir el desperdicio farmacéutico o aliviar las tensiones de costes. El documento actualiza las bases de la política sobre donaciones de 1997 y enlaza con el Objetivo de Desarrollo 18 de la entidad, enfocado en el acceso a la farmacoterapia. Los especialistas concluyeron que la aspiración de evitar la destrucción de productos válidos no puede justificar riesgos sanitarios derivados de una custodia deficiente.
El encuentro contó con aportaciones de expertos de China, Croacia, India, Líbano, Reino Unido y Zimbabue, junto con representantes del ámbito humanitario. El criterio unánime estableció que la seguridad del paciente solo puede certificarse si el medicamento permaneció siempre en recintos profesionales regulados. Por este motivo, las delegaciones de Reino Unido, China y Líbano ratificaron la prohibición o restricción general de reintroducir en la cadena de dispensación los tratamientos devueltos por particulares a las oficinas de farmacia.
El hecho de que una caja permanezca sellada o conserve la fecha de caducidad vigente no presupone su aptitud terapéutica una vez que traspasó el mostrador. La permanencia de los fármacos en los hogares los expone a variaciones térmicas desfavorables, humedad o luz natural que alteran la formulación sin dejar marcas visibles. A ello se suma la imposibilidad de verificar la ausencia de contaminación o adulteraciones deliberadas, situaciones que vulneran las exigencias de seguridad clínica.
Frente a la devolución de usuarios, la redistribución entre instalaciones asistenciales sí ofrece garantías de protección a las personas tratadas. En China operan circuitos institucionales para transferir existencias entre hospitales y consorcios ante problemas de desabastecimiento, esquemas operativos análogos a los descritos en Croacia o en India. Al mantenerse la custodia dentro de dependencias sanitarias, el historial de conservación y la responsabilidad legal de los técnicos permanecen plenamente documentados.
El panel diferenció las actividades que suelen mezclarse bajo el concepto general de reaprovechamiento. La reutilización implica poner a disposición de un nuevo enfermo un producto no consumido; la redistribución describe el movimiento físico entre entidades; y la donación representa la entrega sin abono económico. La FIP defendió que las futuras pautas internacionales regulen la redistribución de forma separada a las donaciones para blindar los controles de calidad.
Garantías técnicas y marco legal
Los dispositivos de autenticación y los códigos de barras confirman la procedencia lícita de los envases, pero resultan insuficientes para verificar su almacenamiento térmico. Los especialistas reclamaron el desarrollo de tecnologías y sensores capaces de delatar si un envase sufrió calor excesivo o exposición solar antes de plantear su readmisión en el circuito. La preservación de la salud individual exige constatar la integridad fisicoquímica antes de dar por buena la apariencia externa de una presentación.
La seguridad del paciente requiere a su vez dotar de seguridad jurídica a quienes custodian la medicación. El informe remarcó que los farmacéuticos no deben asumir valoraciones clínicas sobre productos devueltos si carecen de cobertura regulatoria y procedimientos normalizados de trabajo. Cualquier esquema operativo debe fijar protocolos sobre responsabilidades legales, criterios estrictos de exclusión y vías de retirada inmediata en caso de anomalías.
Las situaciones de desabastecimiento grave y las crisis bélicas suponen una amenaza directa para la seguridad farmacoterapéutica. La experiencia presentada por los representantes de Líbano demostró que el cierre de los canales formales empuja a los pacientes al intercambio particular y a la compraventa en redes sociales. Esta vía clandestina multiplica la circulación de fármacos adulterados, caducados o falsificados, lo que aconseja flexibilizar la gestión institucional para evitar que la población acuda a redes inseguras.
En las donaciones humanitarias transfronterizas, la FIP alertó contra los envíos mal coordinados que perjudican a los destinatarios. La remisión de fármacos con caducidades inminentes, prospectos redactados en idiomas foráneos o principios activos no admitidos en los formularios locales compromete la seguridad y satura a las autoridades receptoras. La ayuda internacional no puede constituir una fórmula encubierta para transferir costes de destrucción de residuos a sistemas sanitarios empobrecidos.
Equidad asistencial frente al residuo
El objetivo de equidad en salud prohíbe crear niveles asistenciales degradados para los colectivos vulnerables. La protección de la confianza pública impone una transparencia total, de modo que el paciente conozca y autorice la recepción de un tratamiento redistribuido. La necesidad económica o la falta de recursos de un ciudadano nunca pueden ser motivo para dispensarle medicamentos sometidos a menores controles de calidad.
La intervención farmacéutica previene problemas de acceso sin necesidad de comprometer las garantías de los fármacos. El informe destacó la utilidad de la sustitución por presentaciones genéricas o marcas alternativas autorizadas, práctica habitual en Líbano para amortiguar el impacto económico de los tratamientos. El asesoramiento sobre programas públicos y la optimización de pautas permiten superar barreras de accesibilidad dentro de los márgenes de seguridad legalmente vigentes.
El verdadero aprovechamiento sostenible de los recursos farmacológicos radica en la prevención del residuo desde su origen. Mejorar la adecuación de la prescripción médica, fraccionar envases según la duración clínica real, vigilar los almacenes y reforzar la educación terapéutica disminuye los sobrantes de forma segura. Cortar el excedente en el centro de salud y en el mostrador aporta un beneficio asistencial muy superior al diseño de sistemas complejos para recuperar fármacos de procedencia dudosa.
El documento de la FIP sintetiza sus conclusiones en 11 recomendaciones que guiarán sus futuros pronunciamientos. Entre ellas sobresalen la definición técnica de los conceptos de reutilización y donación, la fijación de estándares mínimos de custodia y trazabilidad, la protección del criterio profesional en emergencias declaradas y la colaboración estrecha con organismos internacionales para no supeditar la salud a la reducción de costes.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 