Opinión

Comprar vacunas tiene sus peculiaridades: ¿por qué ahora Ingesa?

Artículo de opinión de Pedro Alsina, farmacéutico experto en vacunas, sobre el nuevo modelo de compras de vacunas de covid-19 que está desarrollando en la actualidad el Ingesa.
Pedro Alsina

La compra de vacunas requiere criterios distintos de los que pueden aplicarse a otros medicamentos. El precio importa, por supuesto, pero una vacuna se adquiere para proteger a la población, debe estar disponible durante una campaña concreta y depende de una producción planificada con muchos meses de antelación. Una compra aparentemente eficiente puede resultar inadecuada si no garantiza el suministro, la flexibilidad y la capacidad de respuesta.

Esta preocupación no es nueva. En diciembre de 2014 publiqué en otro medio especializado Vacunas: lecciones aprendidas. Recordaba entonces que, en 2010, el Ministerio de Sanidad había puesto en marcha un acuerdo marco para la compra de vacuna antigripal. No era una compra única para toda España: las comunidades podían adherirse voluntariamente, mientras que otras continuaban convocando sus propios concursos.

Aquel acuerdo sirvió como piloto para extender la contratación centralizada a otras vacunas. El ahorro que produjo fue incontestable. Entre 2009 y 2013, la inversión pública en las vacunas del calendario pasó aproximadamente de 270 a 140 millones de euros y los precios cayeron más de un 40%. Sin embargo, ya entonces advertí de que aquel éxito podía ser solo aparente. Las vacunas tienen ciclos de producción prolongados, pocos fabricantes, una oferta limitada y diferencias importantes entre productos. Reducir el precio no equivale necesariamente a mejorar la compra.

Doce años después, aquellas preguntas regresan con el nuevo acuerdo marco para adquirir vacunas frente a la covid-19 durante la campaña 2027-2028. La novedad no es la compra conjunta, sino que Ingesa asume directamente la selección de proveedores, la fijación de precios máximos y las condiciones de los contratos derivados.

No hablo de un asunto que haya observado desde fuera. Desde que empecé a trabajar en vacunas en 1997, he conocido distintos modelos de adquisición y numerosos intentos de centralizar su compra.

Durante esos años, Ingesa trató en varias ocasiones de incorporar las vacunas a su ámbito de contratación. Salud Pública se opuso siempre, precisamente porque entendía que sus peculiaridades industriales, epidemiológicas y sanitarias exigían mantener estrechamente vinculadas la compra y la planificación de los programas de vacunación.

Ingesa posee una experiencia indudable en la compra centralizada de medicamentos, biosimilares, productos sanitarios y equipos tecnológicos. La cuestión no es si sabe tramitar una licitación, sino si una cultura de compra desarrollada principalmente para otros medicamentos resulta adecuada para las vacunas. Y, sobre todo, cuál ha sido la participación real de Salud Pública en la decisión de trasladar esta responsabilidad.

Ahora, por primera vez, aquella frontera se ha desplazado.

Por eso, la pregunta inevitable es: ¿por qué ahora sí?

El acuerdo tampoco comprende todo el Sistema Nacional de Salud. Se han adherido doce comunidades, además de Ceuta y Melilla. Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco no figuran entre las participantes. Seguirán coexistiendo, por tanto, el acuerdo estatal y las adquisiciones autonómicas.

Los criterios de adjudicación también merecen atención. El precio representa el 65% de la puntuación; el periodo de validez, el 15%; la termoestabilidad, el 10% y la trazabilidad y la calidad de servicio, un 5% cada una.

El acuerdo se divide en tres lotes: dos para vacunas de ARNm, diferenciados por grupos de edad, y un tercero para vacunas de proteína recombinante. Esta separación por plataforma tecnológica impide, en la práctica, que una sola compañía concentre toda la adjudicación.

La garantía de suministro figura entre las obligaciones de cada adjudicatario, pero una cláusula contractual no fabrica vacunas cuando surge un problema industrial.

El movimiento plantea otra pregunta de mayor alcance. ¿Estamos ante una solución específica para las vacunas de la covid-19, motivada por el final del mecanismo europeo de compra conjunta, o ante el primer paso para que Ingesa asuma también las demás vacunas cuando finalicen los acuerdos marco actualmente vigentes?

Si esa es la intención, debería explicarse. No estamos hablando de una simple reorganización administrativa, sino de un cambio de modelo en la compra de una de las principales herramientas de Salud Pública.

La cronología política tampoco debería pasar inadvertida. El real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones fue firmado el 5 de octubre y entró en vigor al día siguiente. También el día 6 fue autorizado el acuerdo marco. La licitación se publicó posteriormente, mediante tramitación urgente, y el plazo de presentación de ofertas concluyó el 30 de octubre, antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La apertura de ofertas económicas está prevista para el 15 de diciembre.

Esta cronología no demuestra por sí sola la existencia de una maniobra política, ya que el expediente tuvo que prepararse con anterioridad y existen razones operativas para anticipar la compra: los fabricantes necesitan conocer los volúmenes con suficiente antelación para producir las dosis de la campaña de otoño de 2027. Pero sería igualmente ingenuo actuar como si el momento elegido no mereciera ninguna explicación.

Este cambio, con las Cortes recién disueltas, deja encaminado un nuevo modelo de contratación antes de conocer quién formará el próximo Gobierno.

Quedan, por tanto, varias preguntas abiertas:

¿Por qué Ingesa ha conseguido ahora asumir una función que llevaba años intentando incorporar y que Salud Pública había preservado hasta este momento? ¿Qué ha cambiado?

¿Qué participación tuvo la Dirección General de Salud Pública en la decisión? ¿Existió un informe o acuerdo formal que avalara el traslado?

¿Estamos ante una excepción para las vacunas frente a la COVID-19 o ante el comienzo de una transformación más amplia?

Y, sobre todo, ¿qué ocurrirá cuando finalicen los acuerdos marco actualmente vigentes para el resto de las vacunas? ¿Pasarán también a Ingesa? ¿Se ha adoptado ya esa decisión o se está creando un precedente para hacerlo más adelante?

Debemos exigir transparencia ante una decisión que puede condicionar durante años la política vacunal, la relación con los fabricantes y la seguridad del suministro.

La compra centralizada puede aportar eficiencia, coordinación y capacidad negociadora, pero las vacunas necesitan algo más que un buen comprador. Requieren integrar la contratación con la epidemiología, las recomendaciones vacunales, la capacidad industrial y la planificación de los programas.

Sería deseable que el Ministerio de Sanidad explicara por qué una responsabilidad que hasta ahora era de Salud Pública ha pasado a Ingesa y aclarase si estamos ante una excepción o ante el inicio de un nuevo modelo para la compra del resto de vacunas.

Porque una vacuna barata que no llega cuando se necesita acaba siendo la más cara.


FPedro Alsina, farmacéutico experto en vacunas.

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