La eurodiputada socialista Soledad Cabezón analizó en el Parlamento Europeo, junto con representantes de la industria farmacéutica europea de genéricos y biosimilares, la propuesta de la Comisión Europea para permitir que se puedan fabricar estos medicamentos para su exportación mientras está vigente el certificado de protección complementario (CCP), y reiteró su opinión de que se trata de una propuesta "poco ambiciosa".
A su juicio, "genéricos y biosimilares deben producirse para exportar fuera de la UE, pero también para almacenarse y poder entrar en el mercado único europeo desde el día uno desde la expiración de los CPP, con el fin de evitar la deslocalización de las empresas, mejorar el acceso a los medicamentos y ahorrar costes a los sistemas sanitarios".
Y es que, para Cabezón, "el riesgo de deslocalización y pérdida de inversiones en la UE todavía existe", lo que significa que serán otros países "los que se beneficien de la transferencia de tecnología que los fabricantes europeos han hecho a su favor". Durante el debate, de hecho, se utilizó el ejemplo de InsudPharma, una farmacéutica instalada en España e Italia que ya ha abierto sucursales en Asia y América del Sur para poder producir durante la validez de los CPP.
La conclusión de la eurodiputada socialista se basa en que "si los CPP no se extienden al almacenamiento, continuaremos teniendo en el mercado productos genéricos y biosimilares procedentes de terceros países al día siguiente a la expiración de la patente en detrimento de nuestra industria, lo que además es insuficiente para poder suministrar todas las necesidades de la UE".
Impacto económico y en el empleo
En el comunicado enviado por los socialistas europeos se indica además que, según estimaciones de la Comisión Europea, si se aplicase esta medida se produciría un ahorro adicional de un 20% para los sistemas nacionales de salud, unos 3.000 millones de euros, además de la creación de entre 20.000 y 25.000 puestos de empleo en el sector farmacéutico europeo para 2025.
Por eso, aunque Cabezón reconoce que la propuesta de la CE ayudará a las empresas farmacéuticas europeas a aprovechar los mercados mundiales en rápido crecimiento y fomentar el empleo, el crecimiento y la inversión en la UE, mantiene que sería insuficiente para solucionar dos de los problemas más acuciantes en relación con los certificados de protección. Y es que las farmacéuticas europeas seguirían perdiendo competitividad frente a empresas en terceros países que no están sometidas a esta limitación y no se solucionaría el problema del desabastecimiento del mercado de medicamentos.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: