La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se ha sumando a la lucha contra la farmacia comunitaria con los mismos argumentos demagógicos que los enfermeros y Comisiones Obreras. Según este sindicato “las llamadas ‘farmacias comunitarias asistenciales’ con atención a domicilio suponen una privatización encubierta de servicios que ofrece hasta ahora la Sanidad Pública”.
Según explican en un comunicado, la Comunidad Valenciana ha sido la primera comunidad autónoma del país en publicar una normativa que regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, mientras que la Comunidad de Madrid también avanza en una normativa en este sentido. Por ese motivo, CSIF “exige al Ministerio de Sanidad que tome cartas en el asunto y que prohíba esta nueva figura asistencial, en coordinación con las comunidades autónomas”.
Según indican, “con esta figura, las administraciones, a través de conciertos con las oficinas de farmacia -que son empresas privadas-, permitirán que el personal de las farmacias haga visitas a domicilio a los pacientes crónicos y revisen los botiquines de las personas plurimedicadas”. Para CSIF, todo ello, en la práctica, “quitará competencias a los profesionales de los equipos de Atención Primaria y, en especial, al personal de enfermería que ahora desempeña este tipo de funciones”.
Además, desde el sindicato aseguran que no entienden “las razones que llevan a las comunidades autónomas a crear estos enfrentamientos entre colectivos profesionales en lugar de potenciar y reconocer el trabajo que realizan los equipos de atención primaria”.
Recurso al decreto de Servicios Profesionales valencianos
La primera consecuencia de esta posición ha sido la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el decreto del Consell que regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación, por entender que constituye una "privatización encubierta".
En su comunicado CSIF explica que "lo último que se le ha ocurrido a la administración es la creación de la farmacia comunitaria". Además, asegura que "por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos o revisión de botiquines". Por ello, ha exigido a la consejera que derogue el decreto 188/2018 de 19 de octubre.
: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: