El Consejo General de Enfermería indica que Gobierno aprobaba hace unos días la venta sin receta de test de antígenos en oficinas de farmacias con una normativa “que se limita a aprobar de forma exclusiva la venta de dichos productos para que los ciudadanos se hagan las pruebas en sus casas; de hecho, la recomendación es que no sea la persona sospechosa de estar infectada quien se desplace a hacer la compra”.
Así, “en ningún momento la nueva norma del Gobierno regula, ni permite ni ampara la realización de estos test por parte de los farmacéuticos en sus establecimientos privados, ni tampoco el acceso de estos profesionales a la historia clínica del paciente para comunicar resultado alguno”.
Es por ello que, desde el CGE pone de manifiesto que “dos comunidades autónomas, concretamente Galicia y Murcia, han decidido ir más allá de lo regulado por el Gobierno y están permitiendo que los farmacéuticos realicen dichos test en sus establecimientos comerciales y recojan datos del paciente y acrediten los resultados a la sanidad pública”.
El CGE considera que la realización de test de antígenos a personas sospechosas de estar infectadas “requiere una serie de circuitos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad y la salud del resto de los clientes de las farmacias”. Medidas que, aseguran “no cumplen todas las farmacias y cuyo incumplimiento, por tanto, supone poner en peligro la salud y la seguridad de habituales clientes vulnerables de las farmacias: ancianos, pacientes crónicos, inmunodeprimidos, familias con niños, etc”.
En el caso concreto de Murcia, la consejera de Salud ha anunciado que va a ir aún más allá y va a habilitar que las farmacias reporten los casos positivos al Servicio Murciano de Salud (SMS), lo que “podría suponer una vulneración de la privacidad de la historia clínica del paciente y todos los datos que esta contempla”. Cabe recordar que “los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros, y por tanto habilitar a los farmacéuticos para dicho acceso sería ilegal, un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria”.
Desde el Consejo General de Enfermería muestran su “respeto a la importante labor que realizan los farmacéuticos en todo lo relativo a la información sobre el medicamento y a la concienciación del paciente para que sea este quien comunique a su centro de salud un posible positivo, una vez realizado el test en su casa. Pero nuestro compromiso con la salud y la seguridad de los pacientes nos obliga actuar con total contundencia ante estas situaciones”.
El CGE solicita al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad “que aprueben de forma urgente normas para la regulación del precio de los test de antígenos vendidos en farmacias o realizados en establecimientos sanitarios ante la situación de brutal especulación que se está llevando a cabo con fluctuación de precios, en ocasiones desorbitados, así como situaciones de reventa a precios abusivos en locales de ocio nocturno”.
La venta en farmacias de test de antígenos se ha aprobado “en una norma para supuestamente descongestionar el sistema sanitario, una descongestión que no debería afectar a la accesibilidad de todos los ciudadanos a dichos test de antígenos con independencia de su capacidad económica; por ello, solicitamos al Gobierno que establezcan un precio máximo en los test o que, incluso, se faciliten de manera gratuita a la población en aquellos casos que sea preciso.”
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad:
Las Farmacias son establecimientos sanitarios amparados por la Ley