El Ministerio de Sanidad abre hoy, por un plazo de 20 días naturales, el trámite de consulta pública previa delanteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública. Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento,hasta el próximo 13 de octubre.
El fin último de la norma, según adelantó la ministra el pasado jueves es crear un nuevo centro de salud pública con autonomía funcional, que ejerza las competencias de análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria.
El nuevo Centro además de contar con personal propio, será “un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española y, por otro lado, la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas. El Centro se encargará también del seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud Pública”.
Según informa el Ministerio, “una de las principales enseñanzas a extraer de la pandemia es la necesidad de disponer de capacidades e instrumentos para que el sistema sanitario esté preparado y pueda responder ante los peligros para la salud humana y, en particular, ante posibles amenazas sanitarias globales”.
La presente propuesta normativa pretende dar respuesta a varios problemas. En primer lugar, la creación del Centro Estatal de Salud Pública “permitiría consolidar un cambio de enfoque, pasando de una visión segmentada de los diversos aspectos de la salud pública a otra integrada”; igualmente “daría el soporte necesario para el desarrollo de la Red de Vigilancia de la Salud Pública. Por último, esta propuesta “facilitaría una mejor gobernanza del Sistema Nacional de Salud y fomentaría mecanismos de cooperación entre los servicios asistenciales y de salud pública de las comunidades autónomas, creando un espacio de coordinación técnica e intercambio de buenas prácticas”.