Mascarillas obligatorias de nuevo, ¿improvisación o necesidad?

Creo que no soy sospechoso de no haber apoyado la necesidad de medidas durante la pandemia. Fui defensor de las mascarillas, allá por marzo-abril de 2020, incluso antes de que el Ministerio de Sanidad, por el simple hecho de que no había, las recomendara, evitando que gente previsora que las tuviera, las utilizara. Lo mismo con las medidas de aislamiento o la política seguida con las vacunas. Estábamos en una emergencia sanitaria y había que luchar contra ella por todas las vías.

La situación actual es muy diferente y, aunque es cierto que hay que luchar contra el colapso que año tras año se produce en las consultas de primaria y las urgencias hospitalarias a consecuencia de la gripe, a la que ahora se une el covid-19 y otros virus respiratorios, no es menos cierto que las medidas deben ser siempre proporcionadas y tener respaldo tanto de la evidencia científica como del marco legal.

Empezando por la más relevante de estas tres cuestiones, la evidencia científica, creo que está claro que puede haber datos claros sobre el beneficio del uso de mascarillas en determinadas situaciones, al igual que en otras también se desaconseja su utilización y, especialmente, su obligatoriedad. Por ese motivo, creo que hubiera sido adecuado, como han demandado algunas comunidades autónomas, haber reunido a la Comisión de Salud Pública y la ponencia de alertas. Ya es una cuestión técnica, hay que debatirla y consensuarla en base a la evidencia con quienes tienen las competencias en el ámbito técnico y no el político que es el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Coincido con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el secretario de Estado, Javier Padilla, en que debemos aplicar los aprendizajes de la pandemia a distintos aspectos de la gestión sanitaria. Y uno de ellos es que es posible y necesario, reducir el impacto que la gripe y otros virus respiratorios tienen cada invierno en las personas y en el sistema sanitario desde que se tiene memoria. Pero también creo que las cosas hay que hacerlas bien y con la transparencia y el consenso necesario para que se entiendan y den el resultado buscado.

En los últimos días, García ha dado una serie de bandazos argumentales que solo pueden crear confusión y desconcierto, así como hacer suponer de la existencia de improvisación. El viernes 5 de enero, tras convocar al CISNS para el lunes 8 de enero, la ministra aseguraba que la tasa de hospitalización se mantenía baja, pero que consideraba necesario “evaluar, unificar criterios y tomar acciones coordinadas”. En esa misma declaración dejaba claro que “cada CCAA tiene la competencia y responsabilidad de tomar medidas de acuerdo con sus circunstancias particulares. Ellas son las que están en primera línea y conocen sus necesidades”. Tanto la ministra como el secretario de Estado calificaron, en comparecencias públicas y en sus redes sociales, la situación como ordinaria y defendieron que fueran las comunidades autónomas las que, en uso de sus competencias, actuaran.

Llegó el lunes y el Ministerio planteó a las comunidades una serie de acciones para hacer obligatorio el uso de mascarilla y dio 48 horas para que los consejeros pudieran aportar sus alegaciones. Durante la mañana del lunes, García insistía en un trabajo “codo con codo” con las comunidades autónomas, pero las declaraciones y comunicados de las mismas a lo largo del día parecían contradecir a la ministra. Pocas horas más tarde, en la noche del mismo lunes, ya no importaba lo que dijeran los consejeros y se impondrían las mascarillas haciendo uso de un artículo de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, introducido durante la pandemia.

En concreto, el Ministerio de Sanidad quiere aplicar el artículo 65 de la Ley 16/2003, que regula las ‘actuaciones coordinadas en salud pública y en seguridad alimentaria’. Este artículo indica que la declaración de esta actuación coordinada “corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”. Está claro que no ha habido acuerdo en el CISNS y que, por tanto, se debería tratar de una “situación de urgente necesidad” que debería responder, de acuerdo con el apartado 2.1 del citado artículo, en un supuesto de “situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública” …. ¿De verdad estamos en una situación de urgente necesidad y especial riesgo para la salud pública como para hacer uso de una legislación pensada para una crisis sanitaria? Yo lo dudo. Como también lo dudaban tanto García como Padilla hace unos cuatro o cinco días cuando aseguraban que la situación era la habitual en estas fechas y que la gripe no mostraba “datos de mayor gravedad” que otros años. Por tanto, habría que preguntarse si las medidas que está queriendo imponer ahora el Ministerio de Sanidad son proporcionadas, si es aplicable en la situación actual la legislación de especial riesgo para la salud públicas y si respetan los derechos de todos.

Y siguiendo con el aspecto legislativo, creo que ha llegado el momento de adecuar el funcionamiento del CISNS a la nueva situación y regulación legal existente. Por un lado, la consideración de este organismo como una conferencia sectorial regulada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y, por otro, la actualización de la Ley de Cohesión durante la pandemia y que dio lugar, entre otras cuestiones a su artículo 65. Creo que el reglamento del CISNS debe contemplar con claridad esta situación para que la gobernanza y la cogobernanza del sistema sean reales, con transparencia y seguridad jurídica y, sobre todo, para tener claras las reglas del juego y evitar partidismos. Esto se hace especialmente necesario si, como parece, aunque no debiera ser así, ante cualquier contratiempo, el Ministerio puede declarar una situación preocupante como si fuera de especial riesgo o alarma para la salud pública.

Aprender de la pandemia

Como decía antes, coincido con los máximos dirigentes sanitarios en que es imprescindible aprender de la pandemia y establecer una serie de criterios e indicadores que rijan la puesta en marcha de medidas de protección. Pero es necesario que se haga has un debate por los técnicos y expertos en el que se indique las situaciones en que el uso de mascarillas puede ser recomendable o incluso obligatorio en diferentes lugares, así como el establecimiento de otras medidas. Pero eso debe ser elaborado con tranquilidad, con un debate técnico sereno, con consenso y con transparencia y diálogo y respeto de las competencias autonómicas. Lamentablemente creo que todo eso ha faltado en esta ocasión. La propia ministra explicó el pasado viernes que estaban trabajando en el diseño de “planes de acción conjuntos para el año que viene para minimizar estas situaciones y no normalizar los colapsos del sistema en un futuro”. Y eso está muy bien, pero para el año que viene, cuando se haya analizado toda la evidencia, se hayan consensuado los niveles de transmisión o afectación del sistema sanitario para tomar medidas y que todo ello sea conocido y aceptado por todos.

En cualquier caso, como creo que la puesta en marcha de la medida es ya una certeza, también creo que debería quedar claro cómo y cuándo, en qué circunstancia y en qué nivel de indicadores, se suspenderá con el objetivo de transmitir a los ciudadanos que estamos ante una situación determinada que requiere de una medida concreta y que, cuando esta pase, se volverá a la normalidad normal.

Solo espero que para el año que viene ya esté consensuado y debatido el plan de acción, que estén claras las situaciones en que se realizará la recomendación activa del uso de mascarillas y cuándo se volverá obligatorio, definiendo claramente cuándo se está (y cuándo no) en situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública. Y que todo ello se haga de acuerdo a la ley, con un escenario claro de gobernanza y cogobernanza, el respeto de las competencias y de un modo objetivo y transparente.

Y aún más, espero que ser haga una labor de pedagogía para enseñar a la ciudadanía cuando y en qué situaciones utilizar las mascarillas. Los españoles somos ejemplares es aspectos sanitarios como la vacunación o la donación, especialmente cuando se explican las cosas como a los adultos. ¿Por qué no íbamos a serlo en el uso adecuado de mascarillas, sin necesidad de imposiciones?

José María López Alemany es director de Diariofarma.