El Gobierno ha iniciado el trámite para modificar la normativa que rige los criterios exigibles para la aplicación del índice corrector de márgenes para las farmacias de viabilidad económica comprometida (VEC), así como elevar las cuantías establecidas por la aplicación de dicho índica corrector. Así se recoge en la consulta pública previa que ha lanzado de cara a modificar el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano.
De este modo, según se desprende de la declaración de objetivos planteada desde el Ministerio de Sanidad, se busca “incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica que se realiza por los farmacéuticos y las farmacéuticas de las oficinas de farmacia sitas en el entorno rural con riesgo de despoblación y en los entornos social y económicamente vulnerables siga siendo accesible y capilar a toda la ciudadanía en todo el territorio nacional, así como contribuir a evitar la despoblación en las zonas rurales”.
Para conseguirlo, se adecuará a las necesidades actuales, la aplicación del índice corrector de los márgenes de las oficinas de farmacia que resulten exentas de la escala de deducciones. El propio Ministerio reconoce que en los últimos años se ha venido reduciendo el número de farmacias que se beneficiaban de este índice corrector, habiendo pasado de las 899 de 2017 a solo 712 en 2021.
La oportunidad de actualizar esta medida ha sido aprobada por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial y se encuentra enmarcada en el Plan ante el Reto Demográfico del Gobierno de España, estando alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Desde el Ministerio de Sanidad se reconoce también la necesidad de actuar en este sentido, mejorando las condiciones de las farmacias rurales más desfavorecidas ya que no hacer nada “podría afectar a la prestación farmacéutica que se lleva a cabo en los entornos rurales de España”.
Los ciudadanos que deseen realizar sus aportaciones de cara a la elaboración de la nueva norma pueden remitir sus opiniones hasta el 8 de noviembre a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: