La sanidad española cerró en 2020 el año más intenso del siglo y posiblemente más duro de su historia reciente. Nunca el país se había visto arrastrado por una pandemia de estas dimensiones y con tantas consecuencias graves, no sólo para el ámbito sanitario, sino para el conjunto de la población española.
La pandemia de la covid-19 ha cambiado a la sociedad española y ha cambiado también al sistema sanitario. Los errores y también los aciertos que se han tenido a lo largo de los 365 días de 2020, han generado un sensación de que es preciso un cambio de mentalidad y de concepto en la atención sanitaria; palabras como coordinación, transversalidad, cooperación o previsión, ocupan cada vez más espacio en las reflexiones que hacen los expertos, tanto en el ámbito de la administración como de la profesión.
Ahora, cuando iniciamos un 2021 inmersos en la campaña de vacunación contra el SARS CoV2, en Diariofarma, como cada año, recopilamos las noticias más destacadas a modo de resumen para recordar lo que fue 2020 y lo que de ese ‘annus horribilis’, se puede aprender.
Enero: Aunque el año se abría con los ecos lejanos de Wuhan y los cada vez más cercanos en Italia y en otros países, las sanidad española caminaba ajena a la realidad que se iba adueñar del país en poco más de tres meses.
El Gobierno y Farmaindustria iniciaba el nuevo convenio de colaboración para toda la industria y se preveía que los socios de la patronal tuvieran que devolver al estado unos 121 millones, en relación al citado convenio.
La farmacia en general mira al nuevo Gobierno recién salido de las elecciones de 2019 y confiaba en poder presentar sus propuestas cuanto antes. Precisamente en entorno del Ejecutivo se generaban las primeras apuestas y cábalas sobre quién estaría al frente de la Sanidad española. Las dudas se resolvieron pronto; María Luisa Carcedo no seguiría y le sustituía como nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El nuevo ministro asumía la cartera con la intención de “escuchar y resolver” los retos del sistema sanitario, según explicaba en su toma de posesión y posteriormente en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. El mundo de la farmacia, trasladaba sus peticiones más urgentes al nuevo titular, con el objetivo de iniciar un proceso negociador en este ámbito sanitario.
Los llamamientos de la OMS para que entidades públicas y privadas colaboraran en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus se entendían aún como algo que no afectaba de lleno a la sociedad española.
FEBRERO: La polémica colegial entre farmacéuticos y enfermería vivía un nuevo capítulo más. El Colegio de Enfermería atacaba a los farmacéuticos por compartir experiencias en vacunación. Desde el ministerio de Sanidad, la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio, respondía con contundencia: “Todo lo que puedan hacer los farmacéuticos en promoción de la vacunación, nos parece bien”.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, dejaba sentada la posición de los farmacéuticos en este tema que a lo largo del año se revelación como esencial: “Los farmacéuticos tenemos un papel muy importante en la vacunación y pese a quien pese lo seguiremos haciendo".
Durante este mes se iniciaba también la tramitación de dos normas importantes. Por un lado el Consejo de Ministros aprobaba el acuerdo marco sobre los biosimilares y el propio Ministerio iniciaba la tramitación del Real Decreto de Productos Sanitarios.
En el Congreso, Illa comparecía ante la Comisión de Sanidad y señalaba que las líneas maestras del Ministerio se iban a basar en la eficiencia y en la sostenibilidad del sistema sanitario.
MARZO: Las palabras de Illa en el Congreso comenzaban a tomar forma, el ministro aseguraba en el inicio del mes de marzo, su intención de reforzar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y además, de hacer vinculantes algunas de sus decisiones. Una postura que guardaba cierta similitud con las demandas del Partido Popular, que siempre ha querido convertir al CISNS en un organismo con capacidad vinculante.
Por el momento, los cambios en el Ministerio eran de estructura, el Consejo de Ministros ha aprobaba una estructura orgánica del Ministerio de Sanidad. Entre las novedades, destacaba el cambio de denominación de varias de las entidades dependientes y, en especial, la Dirección general Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia que pasará a denominarse Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
En la misma semana llegaba un primer aviso serio sobre el coronavirus. A las cancelaciones de eventos profesionales en España como el T-Mobile de Barcelona, ahora se unía la orden del Gobierno de “cancelar los congresos o cursos que implique a profesionales sanitarios”. La medida llegaba después de que la mayoría de las entidades profesionales sanitarias hubieran ya decidido no celebrar sus principales eventos y trasladarlos al ámbito cibernético, una práctica que ha hecho carrera a lo largo de 2020 y ha mostrado muchas ventajas a las entidades organizadoras de eventos.
Poco después, el 14 de marzo, España se transformaba de arriba abajo. El Gobierno dictaba el estado de alarma y se iniciaba el confinamiento de todo el país. Una situación única en nuestra historia, con un país paralizado y todos sus ciudadanos en sus casas.
FEFE reclamaba protección para los farmacéuticos, que eran de las pocas profesiones que seguían desarrollando su actividad normal para proteger a los ciudadanos. Esta entidad también solicitaba la agilización de los ERTE a los que obligaba el confinamiento, con una postura que era muy similar a la del resto de los sectores empresariales y productivos españoles.
El Gobierno se plantea fijar el precio de los geles y mascarillas, además de otros productos de protección sin receta, ante la alta demanda y a la vez, Sánchez, en virtud de los poderes otorgados por el Congreso para decretar el estado de alarma, procedía a centralizar el conjunto del Sistema Nacional de Salud; una decisión que facultaba al Gobierno, entre otras cuestiones, a intervenir el sector farmacéutico y a asegurar el suministro de medicamentos.
Este extremo nunca se hubo de llevar a cabo, ya que tanto la distribución farmacéutica como las oficinas de farmacias garantizaron el correcto acceso a medicamentos, sin registrarse casos graves de desabastecimientos.
Derivada de esta norma se ponía en marcha la intervención de la sanidad privada por parte del Ministerio de Sanidad, que es respondida por las empresas con un ofrecimiento de lealtad y sobre todo la requisa del material sanitario que estuviera en stock.
España carece en esos momentos de una reserva estratégica de material sanitario y es preciso hacer acúmulo de todo aquello que se disponga y empezar la compra contrarreloj del material sanitaria allá donde esté disponible y en medio de una competencia atroz.
La industria farmacéutica hace también su llamamiento a la solidaridad y se manifiesta dispuesta a seguir las directrices que marque el Gobierno. Poco después llegaría el anuncio del Gobierno que declaraba como esenciales un total de 347 medicamentos y establece a los laboratorios la obligación del suministro.
La reestructuración circunstancial del sector farmacéutico español que suponen estas medidas, se complementan con la propuesta del Consejo de dispensar medicamentos hospitalarios a través de las farmacias.
El sistema farmacéutico español sigue funcionando en todos sus canales y garantizando a los ciudadanos el acceso a los medicamentos.
Paralelamente el sistema sanitario comienza a lazar las primeras voces de protesta. El sector sanitario se queja de la tardanza en la formación del Comité Científico-Técnico para el covid-19, sobre el que no se sabe quién lo integra y tanto dará que hablar, y los médicos se manifiestan bajo el lema de ‘Ni un día más’, ante la falta de previsión del Covid.
El Gobierno cierra un contrato de compra de material en China por 432 millones de euros que progresivamente irá llegando a España, en situaciones inverosímiles en algunos casos, producto de la altísima situación de competencia y de la falta control en una situación donde no faltan incluso las situaciones de picaresca. Algunos de los test comprados en ese país a una empresa sin licencia, no alcanzaban ni el 30% de sensibilidad.
Con todo, a finales de mes, los efectos del confinamiento se empiezan a notar y descienden los casos. El responsable del Centro de Emergencias, Fernando Simón, llega a afirma que “posiblemente estemos en el pico o ya yendo hacia abajo”. Una afirmación que la realidad del año la convierte en demasiado optimista.
El propio editor de The Lancet no solamente no comparte los criterios de Simón, sino que califica la situación española, como ya lo había hecho antes con otros países “de escándalo nacional” y asegura, al igual que la oposición política española, que la situación generada por el covid-19 era “previsible”.
España acabó marzo con un nuevo repunte de casos que llevaba al país a superar a Italia, que hasta entonces encabezaba el podio de los países más afectados.
ABRIL: España se pone a la cabeza entre los países del mundo con más fallecidos por 100.000 habitantes; comienza las primeras polémicas por el recuento de muertos, que sólo se contabilizan si “ha habido PCR positiva”.
Se empiezan a extender las quejas sobre la falta de información y se evidencia que los datos que aportan las Comunidades Autónomas, ni son homogéneos, ni comparables. La críticas vienen de la oposición política, pero llegan incluso a los tribunales. Ante la falta de información Justicia pide los datos a los registros civiles.
También hay dudas acerca de la fiabilidad de la información que ofrece el Ministerio de Sanidad, ofreciendo datos incompatibles con pocos días de diferencia en las declaraciones de Salvador Illa y Fernando Simón. Simón, el lunes: “Hacemos 700.000 PCR a la semana”; Illa el martes: “Hacemos 40-47.000 PCR al día”.
Paradójicamente el Ministerio de Sanidad mantiene su rechazo al uso de mascarillas. Simón llega a afirmar que estas se recomendarán cuando haya “grandes cantidades” y “aprendamos” a usarlas.
Illa por su parte anuncia ya el proceso del fin del confinamiento que llegara casi dos meses después y acuña el término desescalada para referirse al proceso que comenzará a finales del mes siguiente.
El Gobierno anuncia que las entidades públicas y sanitarias no pagarán IVA por material sanitario y Sanidad fija en 0,96 euros el PVP de las mascarillas quirúrgicas.
A finales de mes se acuerda la creación del estudio sobre seroprevalencia de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. Las sociedades científicas ofrecen también su colaboración, al igual que los farmacéuticos. La falta de respuesta del ministro les lleva a estos últimos profesionales a quejarse. La respuesta del ministro: No quiero estigmatizar a ningún colectivo y mucho menos a los farmacéuticos”.
Por otro lado, y ante la situación que se está generando en todo al suministro de mascarillas a las oficinas de farmacia, la distribución se une para comprar este tipo de materiales y las farmacias puedan vender con algo de margen.
MAYO: El mes se inicia con el anuncio de las cuatro fases en las que se abordará la desescalada para salir de la situación de confinamiento. El periodo de transición constará de cuatro etapas quincenales, cuya evolución se evaluará de forma provincial.
Tras realizarse este anuncio, las comunidades autónomas comienzan a elaborar sus respectivos planes de escalada que deben ser presentados al Gobierno para su aprobación.
Las CCAA propondrán al Gobierno los planes de desescalada de su territorio
La oposición política exige al Gobierno que publique el nombre de los expertos que guiarán la desescalada, algo a lo que el Gobierno se opone. Deberán pasar ocho meses, para que mediante una requisitoria del Consejo de Transparencia, el Ministerio se avenga a dar el nombre y los datos del Comité de expertos que ha participado en la gestión de la pandemia.
Acompañando a las nueva situación, por primera vez una comunidad autónoma, Madrid, asume la posibilidad de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. La propuesta madrileña es contestada por Fernando Simón, quien asegura que “sobreactuar un poco en la prevención de riesgos puede estar bien”.
Presentados los planes de desescalada, Madrid es la única comunidad autónoma que no puede acceder a la fase 1. Las razones desde el Ministerio no convencen a la comunidad, que denuncia “criterios políticos” ante la falta de explicaciones técnicas.
Llama la atención que la comunidad madrileña, con una tasa de incidencia de 39,7/100.000 habitantes quede en fase 0, pero pasen otras comunidades como La Rioja, con una tasa de 87,1 casos.
A mediados de mes el Ministerio cambiará de actitud con las mascarillas y las hará de uso obligado para todos los ciudadanos mayores de seis años. En poco menos de un mes, las mascarillas pasan de ser desaconsejadas, a recomendadas y finalmente a obligatorias.
El Grupo de Sanidad de la Comisión para la reconstrucción en el Congreso de los diputados acuerda los 10 temas claves para el Sistema Nacional de Salud en la etapa ‘posCovid-19’. El consenso alcanzado en esta comisión no acalla las críticas de la oposición política ante la falta de transparencia del Ministerio en la comunicación fiable de datos sobre la pandemia.
La última decisión de Sanidad de eliminar 1.918 fallecidos de los datos oficiales por “duplicados o por casos no confirmados por PCR” llevan a la oposición a acusar al ministro Illa a o de “improvisación” o de “oscurantismo”.
Mayo concluye con un dato para la esperanza; el domingo, día 31 se convierte en el primero sin fallecidos notificados desde que se inició la pandemia en España.
JUNIO: Es mes también se abre con una noticia positiva para la profesión farmacéutica. El Congreso acuerda que tanto la Farmacia como la industria tendrán voz en la comisión para la reconstrucción.
Pero lo que sigue sin controlarse es la política errática del Ministerio con respecto a la fiabilidad de los datos. El INE cifra en 43.945 los fallecidos en exceso durante el brote de covid-19, lo que supone un incremento de 16.000 personas de las que manera Sanidad.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, comparece en el Congreso y entre otras cuestiones fija el punto de vista de la profesión. “No se puede reconstruir el Sistema Sanitario ni la Salud Pública sin los farmacéuticos y sin la farmacia”.
El Gobierno pretendía incorporar de forma explícita en la normativa nacional que el Consejo Interterritorial se consideraría Conferencia Sectorial en los borradores del Real decreto de 'nueva normalidad', no obstante, en el texto final da marcha atrás a una de las primeras medidas que quiso poner en marcha el ministro Illa y finalmente, no aprueba hacer vinculantes las decisiones del Consejo Interterritorial.
Comienzan las reuniones para la compra centralizada de vacunas que pretende realizar la Unión Europea. España queda incluida en el equipo negociador y el ministro de Sanidad asegura que se garantizará la equidad en su administración.
El mes se cierra con anuncio de Gilead que decide fijar el precio de remdesivir para que “no sea un obstáculo” para el acceso.
JULIO: La comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados queda coja del consenso del que se la quería dotar. Solo los grupos afines al Gobierno, PSOE y UP, junto con Ciudadanos apoyan el texto de conclusiones en Salud Pública; el PP se abstiene.
Finalmente los populares también se sumarán al texto definitivo, después de que se acepte las enmiendas presentadas.
En el Parlamento Europeo, el Comité de Salud Pública aprueba también un documento que servirá para fijar la estrategia en medicamentos europea que se aprobará en diciembre y que ahora consiste en una serie de batería de medidas para “recuperar la soberanía europea” farmacéutica.
La creación de una reserva europea estratégica de medicamentos y material, la mejora de la distribución y la garantía de stock de medicamentos, así como el fomento de la investigación y la accesibilidad a los medicamentos, componen el grueso de las medidas planteadas.
En España, los primero datos indican que la pandemia de Covid-19 ha incrementado en un 50% el gasto en productos sanitario.
El Ministerio por su parte inicia la reforma de su estructura que ya había sido aprobada y se crea la Secretaría de Estado de Sanidad, que será ocupada por una epidemióloga, Silvia Calzón.
SEPTIEMBRE: Tras el descanso veraniego en el que empieza a resurgir los rebrotes del covid, la vuelta al trabajo aporta una novedad. La directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas asegura que no descarta el uso de vacunas antes de concluir los ensayos si el beneficio-riesgo es favorable.
Sanidad y CC.AA. se preparan para ir desarrollo el sistema de coordinación que podría ser necesario en relación al inicio de una campaña de vacunación en todo el país contra la pandemia.
En el ámbito político, las discusiones entre Madrid y el Ministerio de Sanidad vuelven otra vez al primer plano de la actualidad. El Gobierno central exige medidas más duras contra el criterio regional ante el aumento de casos.
A partir de ahí se inicia un pulso entre el Gobierno y la Comunidad que acabará con el confinamiento de Madrid por orden del Gobierno en el próximo mes de octubre. La colaboración Ayuso-Sánchez salta por los aires al exigir Illa medidas más duras contra el criterio regional
OCTUBRE: Madrid y Ministerio siguen a la gresca hasta que el Gobierno haciendo uso del Estado de Alarma confina Madrid 15 días, después de que hasta el TSJM tumbara la orden del Ministerio para confinar Madrid porque no respetaba “las garantías constitucionales”.
En octubre, el Gobierno central empieza a lanzar los primeros datos sobre presupuestos. En el caso de Sanidad, la intención es mantener el incremento del gasto.
Pero la realidad sanitaria se fija ahora en la situación de incremento generalizado de casos que afecta a la práctica totalidad de las Comunidades y que fuerza a imponer más restricciones.
Este endurecimiento de la situación queda reflejado en la petición que lanza el Gobierno de España. El nuevo estado de alarma durará hasta inicios del mes de mayo de 2021.
El objetivo, según explica Pedro Sánchez es “dar una herramienta eficaz” a las CC.AA. en la lucha contra el covid-19.
El mes concluye con aciagos pronósticos sobre la situación. Una noticia positiva es que el Ministerio anuncia que dispone de un presupuesto de 1.000 millones para adquirir vacunas ‘anti-covid’, en cuanto estén disponibles.
NOVIEMBRE: Finalmente, y después de que Madrid lo solicitara formalmente ante la Aemps, el Ministerio de Sanidad permitirá a las comunidades autónomas que utilicen las oficinas de farmacias para hacer test de SARS-CoV2, si bien les reclamará un plan previo antes de iniciar la medida.
La mayoría de las comunidades presenta este mes su presupuesto con subidas generalizadas procedentes tanto del plan de ayuda del Gobierno, como de las esperadas ayudas para la reconstrucción que llegarán de Europa.
Illa presenta a finales de mes su plan de vacunación y anuncia un total de tres fases. Los primeros en vacunarse serán los mayores en residencias y sus cuidadores y el Gobierno aprueba la nueva OPR, con efectos al 1 de enero.
El ministerio revela que el gasto en productos relacionados con el Covid-19 supone ya el 37% del total de inversión en productos sanitarios y desde la Aemps se anuncia que los IPT incluirán un análisis de coste-efectiva e impacto presupuestario.
DICIEMBRE: El último mes del año se convierte en 2020 en uno de los más intensos. En Andalucía, tras una negociación presupuestaria muy importante, se pone fin al sistema de subastas de medicamentos. Después de una serie de encuentros y desencuentros con la farmacia, la Junta de Andalucía agota los contratos de Subastas a finales de mes y dar por finalizado un modelo que llevaba en funcionamiento una década.
El fin del modelo es calificado por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, como “la superación de un recorte de derechos encubierto en Andalucía”.
El 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en contra del Informe del Comité de Bioética de España, de la posición de la Organización Médica Colegial y sin contar con el Consejo de Estado. Es previsible que el Tribunal Constitucional deba pronunciarse sobre tan controvertida cuestión que para el Comité de Bioética “supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana” y un signo de “retroceso de la civilización”. Profesionales sanitarios y expertos jurídicos y en ética critican la inoportunidad, la falta de debate, que la norma no tiene en cuenta la amplia reivindicación de reforzar los cuidados paliativos y que coloca a los médicos en una posición intolerable al obligarles a inscribirse en un registro oficial como si su posición en favor de la vida y contraria a la eutanasia debiera ser la excepción.
Las comunidades y Ministerio aprueban un plan de Navidad en el que se refuerzan las medidas restrictivas contra el Covid-19. Especialmente ante los días festivos y de Navidad. Las Comunidades podrán endurecer unilateralmente el plan, en función de su situación epidemiológica.
Igualmente, Madrid recibe autorización para que las farmacias puedan colaborar en la detección del covid. Desde las entidades colegiales se recibe con satisfacción la medida y se anuncia que más de 2.000 farmacéuticos han superado el curso de adaptación para realizar la prueba. Lo que no recibe el apoyo del Ministerio es la realización de test de antígenos por parte de la población. No se considera una medida fiable y puede conducir “a una falsa sensación de seguridad”, aseguran desde el Ministerio.
Diciembre es también el mes de la aprobación de la primera vacuna contra el covid-19. Después de recibir la autorización de la FDA, la vacuna de Pfizer-BionTech la EMA propone su uso en Europa y a partir del 27 de diciembre comienza la vacunación en nuestro país.
En la primera fase se espera vacunar a 2,2 millones de personas y para finales de marzo se espera que hayan recibido el remedio más de 20 millones de personas.
Aunque la vacunación avanza en sus primeros días con algún tropiezo, como el hecho de que el segundo día no hubiera vacunas por falta de suministro, el ministro Illa valora el inicio de forma “positiva”. Ni la aparición en España de una variante nueva detectada en Gran Bretaña varia el tono positivo.
Tras fijar el inicio de la vacunación, Illa asume por fin que ha de presentar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el nombre y las reuniones que han llevado a cabo los expertos del Ministerio.
En la última semana de diciembre, cumpliendo al borde es plazo establecido, manda la lista a Transparencia. Prácticamente este es el último acto del ministro.
Después de casi un año al frente de la cartera de Sanidad, Salvador Illa es reclamado por su partido para encabezar la lista del PSC a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 14 de febrero.
Varios son los candidatos a ocupar el sillón del Ministerio, si bien la actual ministra de Administraciones Públicas, Carolina Darias, parece la candidata para ser la nueva responsable de la Sanidad española en un 2021 que tiene en la derrota de la pandemia, su principal objetivo.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: