El ministro de Función Pública, Óscar López ha manifestado este lunes su convencimiento de la continuidad del concierto sanitario de Muface. En declaraciones a TVE, el ministro ha mandado un mensaje de “tranquilidad” a los mutualistas. Actualmente “están cubiertos y van a seguir cubiertos” ha manifestado López quien, por el momento ha evitado entrar en valoraciones sobre la nueva licitación que se está preparando. “Todo con normalidad”, asegura el ministro el mismo día que el sindicato Csif lleva ante el Defensor del Pueblo las quejas de los usuarios por las cancelaciones de atención, que han recibido desde las aseguradoras que prestan los servicios.
López se ha referido a esta continuidad señalando, incluso, el mecanismo de la prórroga, por el que el Gobierno podría obligar a las aseguradoras que actualmente prestan el servicio, a continuar haciéndolo por un plazo no superior a los nueve meses, según recoge la Ley de Contratos.
Mientras el Gobierno apela a la calma, desde Csif se han presentado ante el Defensor del Pueblo las quejas de los mutualistas que están viendo cómo se están retrasando citas o incluso pidiendo por parte de las aseguradoras, que sean los mutualistas los que se sufraguen los costes de los tratamientos. “Hemos trasladado también al Defensor del Pueblo nuestra preocupación de inseguridad en la que se encuentran los mutualistas”, han señalado desde el sindicato, precisando que muchas de esas quejas, que elevan a centenares, son de personas con enfermedades crónicas.
El sindicato acudirá también este jueves al Congreso de los Diputados para presentar a los grupos parlamentarios la situación actual, con el objetivo de que “sean conscientes de la situación para que presenten medidas en defensa del mantenimiento del modelo”. Igualmente han reiterado el mantenimiento de la manifestación para el próximo día 14 en Madrid.
Mientras Gobierno y sindicatos plantean su visión sobre el problema de la continuidad del concierto, después de que el pasado 5 de noviembre la licitación quedara desierta al no presentarse ninguna compañía, desde algunas comunidades autónomas ya se están haciendo cálculos sobre el impacto que tendría en los sistemas territoriales de salud, la entrada de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios, en caso de no prosperar la segunda licitación.
Es el caso, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, cuyo consejero de Sanidad, Marciano Gómez, considera que el coste de esa absorción llegaría a los 230 millones de euros, algo que ve “inasumible”, si no hay una compensación. Gómez contradice así al informe que presentó el Ministerio de Sanidad el pasado mes, en el que veía el impacto como asumible. Para el consejero levantino, la comunidad, debería asumir a entre 120.000 y 130.000 personas. “Si en cualquier tipo de organización, de repente se mete a esa cantidad de personas, obviamente la asistencia no va a ser la misma”, ha asegurado.
Estas cifras se unen a las que ya ha presentado Madrid (en torno a 230.000 personas) o Galicia (58.000 mutualistas y 170 millones de coste), 20.000 en Cantabria… y han sido recogidas por el PP, que este lunes ha hecho un llamamiento general, a través de diversos portavoces autonómicos para instar al Gobierno central a que soluciones “el problema que han generado ellos mismos”.
Con críticas al ministro por “dedicarse más a preparar su candidatura a la secretaria general del PSOE de Madrid”, en lugar de centrarse en Muface, el PP espera que el presidente Pedro Sánchez dé alguna explicación en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Santander.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: