Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma
La nueva Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público que el Gobierno de Susana Díaz en Andalucía ha empezado a tramitar, no estoy seguro de que sirva para algo más allá de ser una declaración de intenciones. Es más, creo que en sí no es más que una apuesta política que pone en un único texto, rodeado de la pomposidad de una ley, todo aquello que la Junta ha estado haciendo a lo largo de los últimos años, sin norma específica que lo sustentara, porque no era necesario. Pero, a falta de ver los textos concretos, de lo que ha trascendido hasta el momento, regular, lo que se dice regular, no regula nada.
No cabe duda de que esta nueva norma incluye asuntos muy relevantes que muestran cual es el camino que va a seguir el Ejecutivo Socialista en la región. Un camino que, no obstante, no requiere de una Ley para ser andado y que solo depende de la voluntad política del gobernante.
Blindar un mínimo de inversión pública en Sanidad está bien. Establecer el compromiso político de invertir un mínimo de la riqueza autonómica, es necesario. Pero hacerlo por ley, no creo que tenga ningún beneficio adicional. Lo mismo con respecto a prohibir la aplicación de copagos a los servicios de la cartera autonómica o impedir las privatizaciones. No dejan de ser declaraciones políticas porque está claro que el Gobierno que aprueba esa norma no tiene ninguna intención de aplicar copagos o externalizar servicios. Pero el hecho de que haya una ley no quiere decir que en un futuro no se pueda hacer lo contrario de lo que dicta esa regulación. Para eso está el Parlamento. Se deroga o se cambia la regulación y se acabó el problema. Y eso sin la más mínima dificultad porque los cambios legales no requieren mayorías cualificadas. O incluso sin cambiar la ley, lo cual es más grave todavía ya que en España los gobiernos, o los gobernantes, poco o nada tienen que temer por incumplir sus propias leyes.
Pero la Ley andaluza trae otros problemas que yo creo que sí que son relevantes. Da cobertura legal a dos asuntos que están incursos en múltiples procedimientos judiciales y su ‘blindaje a través de la nueva norma podría parecer un desplante ante los próximos fallos judiciales que se esperan tanto para las subastas como para las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). O incluso mucho peor. Podrían ser una forma de saltarse las sentencias que pudieran invalidar las modificaciones legales a la Ley de Farmacia para dar cuerpo de naturaleza a las subastas.
Por todo ello, creo que en vez de gastar fuerzas legislativas en publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) leyes que en esencia no deberían pasar de una Proposición No de Ley o ocupar una serie de páginas en un programa electoral porque realmente no regulan nada, creo que el nuevo Gobierno andaluz debería tener otras muchas prioridades a acometer en el ámbito sanitario y farmacéutico. Cambios que de verdad signifiquen una mejoría en la atención a los pacientes, a su acceso a las innovaciones terapéuticas y al papel que tienen que jugar los profesionales en el sistema sanitario andaluz.
