La primera decisión del nuevo Consejo de Gobierno andaluz ha disipado rápidamente las pocas esperanzas que había acerca de un replanteo de aspectos tan criticados por el sector como las subastas de medicamentos o las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs). A pesar de que su legalidad está cuestionada en diferentes procedimientos judiciales tanto a instancia de los agentes del sector como por el Gobierno Central, la Junta de Andalucía prevé aprobar la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que blindará diferentes aspectos de la prestación sanitaria, entre ellos los citados anteriormente.
El Consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz, en el que se estrenaba como consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha aprobado el anteproyecto de la citada ley, con lo que inicia su tramitación. El objetivo marcado es que pueda estar aprobado en el primer trimestre de 2016.
Según el Ejecutivo regional, la nueva norma busca garantizar y reforzar "los derechos constitucionales y estatutarios en esta materia para cualquier persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad". De este modo, el anteproyecto incluye que "en ningún caso se establecerán sistemas de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios en el ámbito de competencias autonómicas". Asimismo, se faculta a la Junta para arbitrar las medidas necesarias orientadas a minimizar el impacto en la ciudadanía de este tipo de medidas, en caso de que la normativa básica estatal las prevea en las prestaciones incluidas en la cartera común, dando de este modo, amparo legal a iniciativas que la Junta ya viene desarrollando frente a los copagos impuestos por el Gobierno central.
La futura ley "garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento", explican. Una medidas entre las que incluyen la prescripción por principio activo; la selección pública de medicamentos (conocidas popularmente como subastas de medicamentos); el uso de guías farmacoterapéuticas de referencia, o la selección, adquisición y uso de las alternativas terapéuticas equivalentes (ATEs) más eficientes.
Además, el Gobierno regional explica que "se desarrollarán sistemas de transparencia y publicidad de las subvenciones, ayudas e incentivos concedidos a la industria farmacéutica y se establecerán medidas de educación para salud dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de medicamentos".
No son las únicas cuestiones relevantes de la nueva Ley. En su título I, el anteproyecto recoge las medidas para "garantizar la perdurabilidad del sistema sanitario público", sus principios, los derechos de la ciudadanía, el acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia. Junto a la obligatoriedad de consolidar el mantenimiento y funcionamiento de los servicios, así como la naturaleza pública y universal de la prestación asistencial, se refuerzan los nuevos derechos que ya tiene reconocidos la población andaluza en el ámbito de la salud, como los del acceso a todas las prestaciones y al historial médico, la segunda opinión médica, la libre elección de médico, los cuidados paliativos y el consejo genético y la medicina predictiva.
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En relación con la primera, el anteproyecto establece que los presupuestos de la comunidad contarán con la financiación suficiente con carácter finalista, para el sistema sanitario público. De igual modo, los ingresos que resulten en el sistema sanitario público por su actividad en investigación, desarrollo e innovación, entre otros, se revertirán en el propio sistema.
Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regional. En este sentido, se sitúa la gestión clínica como el escenario idóneo para la aplicación práctica de medidas destinadas a alcanzar la sostenibilidad del sistema gracias a la implicación y responsabilidad de los profesionales y ciudadanía en la gestión y uso racional de los recursos.
Como novedad, con la nueva norma se establecerá el Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que contendrá las directrices, necesidades de recursos humanos y materiales, líneas estratégicas de formación, investigación y financiación para un periodo de cuatro años.
El capítulo III se dedica a sostenibilidad social e incluye medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, alianzas entre centros asistenciales y coordinación e integración de servicios sociales y sanitarios.
El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental reguladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética, y en el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento y de la I+i, haciendo hincapié en la transferencia del conocimiento a la ciudadanía y a los grupos de interés que interactúan con el sistema sanitario público andaluz.
En este último ámbito se incluye el Plan Estratégico de Investigación e Innovación en Salud y otro plan integral de formación continua y de la excelencia para los profesionales y la promoción y el desarrollo de una cultura de investigación.
