La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) por la que se insta al Gobierno de Cristina Cifuentes a realizar un análisis del impacto que ha supuesto el copago farmacéutico, con el objetivo de poner en marcha un fondo que impida que los pacientes abandonen los tratamientos a causa de no poder afrontar los gastos por copago.
La PNL, presentada por el PSOE, pero a la que tramitó mediante enmienda transaccional de Ciudadanos, Podemos y el propio PSOE, instaba al Gobierno, además, a no poner nuevos copagos ni en sanidad ni en educación. Solo estos tres partidos la apoyaron mientras que el Partido Popular votó en contra.
La diputada del PSOE, Pilar Sánchez explicó que “hay que revisar el copago para tener la garantía de que los ciudadanos de nuestra comunidad pueden optar a tratamientos de calidad y que no se vean excluidos como vemos en informes que habla de la pobreza”. Según indicó, para ello, quieren “establecer un fondo” cuya cuantía económica se determinará en función de la necesidad que se recoja del análisis a realizar. Adicionalmente, Sánchez explicó que además reclaman que se “amplíen las exenciones previstas para el copago”.
En este punto, el portavoz de Ciudadanos, Daniel Álvarez, coincidió con la socialista que, según él, “las exenciones en la ley son muy tasadas y hay muchos colectivos que siguen teniendo dificultades para hacer frente a la factura farmacéutica”. Además, manifestó que en los últimos años se ha duplicado la aportación global de los ciudadanos por copago y que, aunque estamos por debajo de la media europea, “incide de forma importante en pensionistas y personas con pocos recursos”. Por ese motivo, pidió que desde la Comunidad de Madrid se reclame la modificación de la Ley de Garantías para establecer más “topes en los tramos de colectivos de menor renta y más exenciones”. De este modo, según Álvarez, “se protegerá a persona que por necesidad clínica o por cuestiones económicas no puedan hacer frente a sus tratamientos”.
El diputado de Ciudadanos también avanzó que las farmacias comunitarias colaborarán en la recogida de datos de “cuántos pacientes ponen en peligro su adherencia a los tratamientos porque no pueden hacer frente a los mismos”.
Por su parte, la representante de Podemos, Mónica García, aseguró que les “encantaría saber cuáles son las consecuencias de los copagos, pero no hay ningún análisis”. Según ella, los copagos “se introdujeron con fines recaudatorios, no fueron otros fines” y tal y como aseguró “los copagos recaudatorios son ineficaces y han horadado el acceso al sistema”. García se apuntó además que en estos años se ha acuñado el término de pobreza farmacológica y que 2,4 millones de españoles asegura no poder pagar sus medicamentos en Madrid, 200.000, según datos del Ministerio.
Por ese motivo, según la diputada de Podemos, “es necesario hacer una evaluación rigurosa de qué está pasando con los copagos” ya que los “copagos recaudatorios, como son los actuales, perjudican a nuestros ciudadanos”.
El Partido Popular fue el único grupo que no apoyó la iniciativa dado que según la portavoz de este grupo Elena González-Moñuz, “en la Comunidad de Madrid no hay ni habrá copago sanitario alguno que no sea el farmacéutico que viene del gobierno central”. Por ese motivo no consideraron necesario “aprobar una medida contra algo que no va a ocurrir”.
Además, remarcó que “no es competencia del Gobierno de Madrid revisar los copagos farmacéuticos” y que la reforma del copago farmacéutico que hizo el PP mediante el Real Decreto-ley 16/2012 hizo que el copago “fuera más justo y equitativo, por ejemplo con exenciones a los copagos de larga duración”. Además, recordó que el PP no se inventó el copago ya que “lleva más de 50 años”.
Nicolas Gonzalez Casares: